La posible vuelta de Puigdemont va para largo tras la nueva estrategia del Supremo
Al final, será el delito de malversación lo que decidirá el futuro judicial de los condenados por el 1-O
Ayer era noticia que el Tribunal Supremo se negaba a aplicar la amnistía a Junqueras y a varios condenados del procés. El secretario general de Junts, Jordi Turull, lo celebró, “Ya era hora”, dijo. Esta celebración revela cuál es la actitud que los procesados han tomado ante esta situación.
La estrategia de los procesados no es otra que agotar los recursos ante el Tribunal Supremo para poder acudir al Tribunal Constitucional. Interpretan que el TC es la garantía de que se aplicará la amnistía. Ahora bien, la decisión del TC no es una garantía absoluta de que amnistía será finalmente efectiva.
Como en tantas otras causas que han involucrado al procés, la última palabra la tendrá un tribunal europeo. Y en el caso de la amnistía, la estrategia del Supremo consiste en remarcar que Europa no perdonará el delito de malversación. Esto es lo que han argumentado los fiscales del 1-O, el juez instructor (Llarena) y la sala segunda (Marchena).
De hecho, el juez Marchena la volvió a dejar dicho en su resolución de ayer. “La conclusión contraria[perdonar la malversación]nos habría obligado - o nos obligaría en el futuro - a suscitar la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.
Esto significa que se puede perdonar la rebelión, el terrorismo, la desobediencia (Marchena rechazó un recurso de Vox en este sentido) y otros delitos. Pero no la malversación. Y no se puede porque toca los “intereses financieros de la Unión Europea”.
La cuestión patrimonial y financiera es especialmente sensible en la Unión, donde hay que lidiar con multitud de países que no están involucrados con las cuestiones internas de los vecinos. De hecho, el comisario de Justicia Reynders avisó de que “mirarán con lupa” todo lo relativo a la malversación, es decir, al bolsillo.
Más dudas sobre la posible vuelta de Puigdemont
¿En qué se traduce todo esto para Puigdemont, Junqueras y la política española y catalana?. En esencia, en una dilatación de los plazos de la amnistía. Y es que si algo se sabe a ciencia cierta sobre la ley de amnistía es que va para largo.
No es solo que ahora haya que esperar a que el Constitucional resuelva los muchos recursos de inconstitucionalidad que tiene encima de la mesa. También habrá que esperar a que se pronuncie la justicia europea. En concreto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Y todo apunta a que los actores involucrados (el propio juez Marchena) presentarán recursos a Europa cuando se haya pronunciado el Constitucional español. Esto dilata aún más los plazos porque no los hace coincidir, con lo que el ahorro de tiempo no es posible.
Por todo esto, es difícil hacer predicciones sobre cuándo volverá Puigdemont. Según el actual Govern, podría volver en el segundo trimestre de 2025. Pero su abogado, Gonzalo Boye, dijo ayer ante los micrófonos de RAC1 que “no tienen ni idea de derecho”. Sin embargo, Boye tampoco da fechas exactas sobre el eventual retorno de Puigdemont.
Como mucho, dice que será un periodo “bastante razonable” teniendo en cuenta el “desafío” que tienen por delante. Y sobre si Europa les dará la razón, Boye dice que la ley “se ajusta sin duda al derecho de la Unión”. Por el momento, la semana pasada el TJUE le negó a Comín el acta de eurodiputado.
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