El Supremo le para los pies a Puigdemont ¿Qué pasará ahora con la amnistía?

Desde el primer momento quedó claro que la ley de amnistía tenía dos fases. Primero, una fase política, que ya se resolvió y que consistió en dar la amnistía a cambio de poner a Sánchez en Moncloa. La segunda fase, en la que ahora estamos, es una carrera de obstáculos judicial.

Desde que la ley entró en vigor, se sucedieron las noticias sobre las reacciones de los principales actores jurídicos envueltos en la causa. Como era de esperar, la disparidad de criterios fue máxima.

Los jueces del Supremo dijeron que la malversación no se podía perdonar, el Fiscal General dijo que sí, la sala segunda del Supremo dijo que no, etc. Mientras tanto, Puigdemont criticaba al "Deep State" español y el PSOE ganaba todo el tiempo que quería.

La última noticia que hemos conocido sobre esta carrera de obstáculos era de ayer mismo.

Llarena no perdona la malversación

En respuesta a varias alegaciones, el juez Llarena informaba ayer de que la malversación no se puede perdonar. El magistrado argumenta su postura con el mismo criterio de los fiscales y de la sala segunda. En esencia, se reduce a decir que la malversación de dinero público no es solo robar dinero público.

El juez puso como ejemplo que un cargo público pagara una boda o sus facturas con el erario público. Esto - dice el juez Llarena -, no supone un enriquecimiento económico, sino una contraprestación ilegítima. Entre otros argumentos, el juez Llarena hace referencia a la legislación europea, que define la malversación en un sentido similar.

En cualquier caso, este nuevo obstáculo es eso: un obstáculo. Por lo demás, las defensas, las acusaciones y los jueces saben que esto continúa y que va para largo. La pregunta es: ¿Hacia dónde va la ley?

Agotar los plazos

Como ocurre con la economía, en el derecho hay opiniones para todos los gustos. Y sobre la amnistía, juristas de reconocido prestigio tienen opiniones muy diferentes. Lo que casi todos comparten es que a la ley le quedan dos pantallas más: el Constitucional y la Unión Europea.

Antes de explicarlo, hay que recordar que la amnistía involucra a centenares de personas. No es solo un problema de las élites dirigentes. De hecho, todas las denegaciones de aplicación de la ley han sido por parte del Tribunal Supremo, que es donde se juzga a los políticos por su condición de aforados. 

Pues bien, el objetivo más inmediato de las defensas es llegar al Tribunal Constitucional, pero primero deben pasar por el Tribunal Supremo. Y en eso están ahora. Una vez agotada la vía del Supremo, podrán acudir al TC y alegar vulneración de los derechos fundamentales. Es aquí cuando aparecen las dudas.

El TC es un órgano vinculante, pero no puede sustituir al TS en la interpretación jurídica o en la calificación de los hechos. Como mucho, el TC le podrá devolver el auto al Supremo para que lo reinterprete o para que se ajuste a los preceptos constitucionales. Entre ellos, el principio de legalidad, derecho de tutela judicial efectiva, etc.

Para algunos, esto hará que los plazos se dilaten de manera extraordinaria y, además, no implicará que el Supremo se pliegue al TC. Para otros, en cambio, las indicaciones del Constitucional podrán ser tan precisas que dejarán al Supremo sin margen de maniobra. En cualquier, nos ponemos - seguro - sobre el año 2026.

Música paralela: Europa y el Constitucional

Parte de la dificultad para seguir esta situación es que algunos de los acontecimientos no se dan (ni se darán) de manera consecutiva. Por el contrario, llegarán de manera paralela. Las cuestiones de constitucionalidad y las apelaciones a la Unión Europea son buenos ejemplos.

Mientras ocurre todo lo anterior, al TC llegarán recursos de inconstitucionalidad sobre la ley de amnistía. Lo que pedirán estos recursos es lo mismo que piden las defensas, pero en sentido contrario. Es decir, plantear al TC que la ley de amnistía (o su denegación) vulnera principios constitucionales (igualdad, legalidad o seguridad jurídica).

En cualquier caso, estos recursos de las comunidades del PP - y alguna del PSOE - no tendrán mucha influencia. El motivo es que el TC se basará en el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Supremo. Cuando tengan esa respuesta, es de esperar que los magistrados del TC resuelvan los diez recursos que ahora mismo tienen sobre la mesa.

Finalmente, y también paralelo a todo esto, se presentarán cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y aunque ahora quede lejos, es muy probable que la ley acabe en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Lo relevante de las cuestiones prejudiciales a la Unión Europea es que la ley de amnistía queda suspendida mientras los jueces europeos se pronuncian. El comisario de Justicia, Didier Reynders, lo dejó claro el pasado abril. La ley quedará “inaplicada”, dijo el comisario Reynders en respuesta a Ciudadanos.

En este sentido, los jueces y fiscales del Supremo ya han organizado una estrategia en torno a la malversación. Su argumentación consiste en decir que el derecho comunitario tampoco perdonaría el delito de malversación. Es decir, que la ley de amnistía afecta a los intereses financieros de la Unión.

¿Conclusión? Ninguna. A la ley de amnistía le quedan demasiadas curvas y vericuetos como para predecir su futuro. Lo que es seguro es que consumirá mucho tiempo.