Otra cara de la inseguridad en Barcelona: los narcopisos

La verdad se caracteriza porque se expresa de maneras diferentes, pero siempre con un mismo hilo conductor. Y si una cosa es verdad es que Barcelona se enfrenta a un problema de inseguridad creciente.

De todas las caras de este fenómeno, tal vez la más llamativa por la incomprensión que produce en el ciudadano sea la multirreincidencia. Ciertamente, a un ciudadano corriente le cuesta entender que sea posible que en Barcelona haya - datos de 2023 - 526 personas que acumulen 6.000 delitos.

Más allá del dato tomado de manera atómica, esta realidad tienes efectos cualitativos de mayor orden. Es lo que Samuel Vázquez denomina “zona de confort criminal”. Es decir, un espacio en el que la tolerancia al delito genera un caldo de cultivo que pone las bases de delitos de mayor entidad. Y ahí están los datos.

Según el balance de criminalidad del Ministerio del Interior, en Cataluña los homicidios han aumentado un 12,7%, las tentativas de homicidio casi un 20% y el tráfico de drogas un 10,2%.

El auge de los delitos de esta naturaleza cristaliza en la proliferación de los conocidos como “narcopisos”, que son el acta de defunción de un barrio y, de paso, un calvario para sus vecinos.

El panorama en El Raval

Si algo caracteriza a los narcopisos es que parecen proliferar sin remedio. A medida que se cierran, se abren más y eso estimula la impotencia de policías y vecinos.

En la última audiencia pública del distrito de Ciutat Vella, el presidente de la comunidad de la Calle Reina Amalia nº6 (Raval), Borja Latorre Campos, tomó el micro y empezó diciendo “quiero transmitir que vivimos una situación absolutamente insoportable”. El motivo no es otro que los narcopisos.

“El miedo forma ya parte de nuestro día a día”, explicó. Este miedo se concreta en la forma de jeringuillas por las escaleras, sangre, personas intoxicadas, ataques a puertas y, en general, violencia. Como es natural, los vecinos viven aterrados ante la posibilidad de ser atacados por personas que quieren dinero para una dosis.

¿Cuál es la respuesta del responsable de seguridad del ayuntamiento, el teniente de alcalde Albert Batlle? En última instancia, impotencia ante una realidad que no pueden controlar totalmente.

Como tantos otros responsables de seguridad que se enfrentan a esta problemática, Batlle dice que los narcopisos son una “prioridad” Al mismo tiempo, pero, admite que los recursos del ayuntamiento son lo que son. Es decir, que la impotencia se da por descontada. “Es un tema que en muchos aspectos nos desborda, lamentablemente”, dijo Batlle en la misma audiencia pública ante los vecinos.

El responsable de la Guardia Urbana de Barcelona, Pedro Velázquez, explicó que en 2023 se habían cerrado cerca de 150 narcopisos y puntos de venta. El problema, pues, no es tanto que no se cierren, sino que se vuelven a abrir a una velocidad que desborda la agilidad de la policía, sometida a los tempos de una legalidad ineficaz.

Esto llega hasta el punto de que algunos narcopisos tienen un contrato de alquiler en vigor, lo cual complica sobremanera las actuaciones policiales.

La necesaria colaboración entre policías

Como es evidente, los problemas de coordinación policial no ayudan al control de esta situación. Lamentablemente, en Barcelona sí ha habido problemas de coordinación y de tensiones políticas.  Según explicábamos a principios de año a raíz de una información de La Vanguardia, la confianza entre mandos de mossos d’esquadra y guardia urbana se había roto.

En un episodio de tensión entre Interior y Ayuntamiento, el consejero Elena llegó a acusar a la guardia urbana de operar con “deslealtad”. Al parecer, se trata de un problema de competencias en torno a los equipos conjuntos de trabajo contra los narcopisos. Por parte del consistorio, Albert Batlle intentó rebajar la situación y admitió que existían “desajustes”, pero que eran temporales.

En este sentido, una de las propuestas en materia de seguridad que han hecho partidos como el PPC es reforzar a las policías municipales con un fondo de 50 millones de euros. De la misma manera, especialistas como Samuel Vázquez advirtieron al Ayuntamiento de que "disolver los grupos mixtos de investigación no beneficia a nadie excepto a cada uno de los mandos que querrá gobernar en su cortijo".