Las Zonas de Bajas Emisiones: teoría y praxis de un fracaso

En poco tiempo, las famosas ZBE (Zonas de Bajas Emisiones) acumulan varios reveses judiciales que no dejan en buen lugar a sus impulsores. Por ahora, los tribunales han tumbado nada menos que las ZBE de Madrid, de Barcelona y de las cuatro ciudades del Área Metropolitana. Entre otras razones, los jueces han destacado sobre todo una: la vulnerabilidad económica de muchos ciudadanos.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM), que le ha dado la razón a Vox, hablaba por ejemplo de que había que tener en cuenta “la situación de los colectivos empresariales de menor capacidad económica para la renovación del vehículo, como son los autónomos, microempresas o pymes”. Y en un sentido casi idéntico se expresó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con las sentencias de Barcelona y del AMB.

Se trata de una situación llamativa en la que lo son los jueces los que, en nombre de los más vulnerables, frenan a los políticos. En este sentido, tanto el TSJM como el TSJC han hablado de que, dado el gran alcance de la intervención, faltaba concreción en las medidas restrictivas.

Por esto, el pasado septiembre, las asociaciones de transportistas y agencias de viaje aplaudieron la decisión de la justicia en Madrid. “No se han valorado las alegaciones sectoriales ni se ha estimado el impacto económico en los sectores y colectivos afectados”, dijeron en su comunicado. Y de hecho, no impugnan la posibilidad de que el Ayuntamiento de Almeida recurra la sentencia, pero sí piden que haya diálogo con su sector.

Uno de los que vio venir esta situación fue García Albiol, que derogó las ZBE de Badalona. Después de la noticia de las sentencias, Albiol sacó pecho de su gestión y criticó el apresuramiento con las ZBE:

Pero todavía hay dudas

Uno de los efectos inmediatos de esta falta de previsión política es que habrá que devolver las multas. Por el momento, solo Hospitalet ha decidido devolver el importe de las multas (y solo de las que no eran en firme). En casos como el de la ciudad de Madrid hablamos de unos 330 millones de euros.

Otras ciudades, en cambio, todavía no se han pronunciado porque o bien han recurrido la sentencia o bien la van a recurrir. Esta es la otra cara de la mala implementación de esta medida. Porque, mientras se resuelve la lenta batalla judicial, persisten las dudas e incógnitas de los ciudadanos.

Se trata, en definitiva, de un ejemplo de mala aplicación de políticas públicas, que acaban por generar más problemas e inconvenientes. Es el resultado de un maximalismo impuesto que al final resulta contraproducente. Y es que cabe tener presente que los jueces no dudan ni de las medidas ecológicas ni de la capacidad de los ayuntamientos, pero no pueden soslayar las “manifiestas insuficiencias” de las memorias económicas.

Y aunque sea con argumentos no-económicos, hubo incluso grupos ecologistas que advirtieron del deficiente diseño legal de la medida. ECODES, por ejemplo, ya avisó en una nota de prensa de 2021 que si se quieren implantar las ZBE de manera efectiva hay que hacerlo a través de una ley orgánica. De lo contrario, la disparidad de criterios es máxima y cada consistorio decide algo distinto.

Por esto nos encontramos ayuntamientos que ponen ZBE, otros que no, algunos que devuelve las multas, otros que recurren a la justicia, etc. Incluso algunos altos cargos de la DGT han denunciado la mala implementación de las ZBE. Ante el hecho de que la mayoría de ciudades de más 50.000 habitantes no las han aplicado, la subdirectora general de vehículos de la DGT, Susana Gómez, habló de que “el papel lo aguanta todo, pero la realidad es otra”.

Así mismo, también señaló el sinsentido de trasladar el modelo europeo a España. La razón es tan simple como que la tasa de vehículos eléctricos en la UE es el doble que la de España, lo que significa que aquí hay mucha menos infraestructura.