España ha vencido

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, desmentía la portada del ABC con la eventual lista de peticiones de Junts a Pedro Sánchez. Puigdemont la calificaba de “mentira” y afirmaba que la primera página de “un diario clásico” había superado todo lo que podía prever. 

La verdad es que el periódico se limitó a reproducir el programa electoral de Junts per Catalunya que parece que el expresidente no se había leído. “Puigdemont parece que desconoce estas reivindicaciones” se regodeaba el diario al día siguiente.

Además, el expresidente no aclaraba que, si no son estas, cuáles son las condiciones para apoyar la investidura. La realidad es que el procesismo ha acabado asumiendo el marco político -y mental- español. 

Ahora ya no se trata de la independencia unilateral, la república catalana o el estado propio, sino de salvar la cara ante su electorado. O volver a la política tan criticada del ‘peix al cove’: el tira y afloja.

Todo ello casi siete años después de que Convergència y Esquerra formalizaran solemnemente la coalición que, en teoría, tenía que llevar Catalunya a la independencia. Aquel 20 de julio del 2017 se eligió, además, un lugar emblemático: la terraza del Museo de Historia de Catalunya.

Estaban todos: no solo Artur Mas, Oriol Junqueras, Raül Romeva, la fallecida Muriel Casals (1945-2016) en representación de Òmnium y Carme Forcadell por la ANC. Tambié Jordi Sánchez; la expresidenta del Parlament, Núria de Gispert; o los exconsejeros Turull, Rull, Mas-Colell, Santi Vila, entre otros,

E incluso figuras ahora desaparecidas como Eduardo Reyes, que llegó a ir de sexto en la candidatura, o el juez Santiago Vidal, retirado ahora de la vida pública. 

El programa electoral de Junts pel Sí establecía la hoja de ruta hacia la independencia. Tras las elecciones iban a probar una declaración de inicio del proceso de independencia, luego venían la creación de las estructuras de Estado. Básicamente la Agencia Tributaria y la Seguridad Social catalana. Ya era empezar la casa por el tejado y engordar inútilmente la estructura de la Generalitat.

Todo ello pretendía hacerse en el marco de un proceso de consulta “de base social y popular” para atraer el voto de la CUP. Posteriormente, tenía que proclamarse la independencia que supondría “la desconexión respecto al ordenamiento jurídico español”. 

Para dar el paso había que aprobar igualmente la Ley de Transitoriedad Jurídica, una especie de Constitución, y la de Referéndum, con el objeto de regular la consulta.

Finalmente, tras la proclamación formal de independencia, se celebrarían elecciones constituyentes al nuevo Estado, se aprobaba la nueva Constitución y se ratificaba con un referéndum. La tercera convocatoria a las urnas en 18 meses.

Ciertamente, todo tenía que estar listo en año y medio. Lo dejaba claro el mismo programa electoral. Además, empezaba a contar la misma fecha electoral del 27 de septiembre del 2015, no la de la elección del presidente, que se retrasó por la oposición de la CUP a votar a Mas.

Al final lo enviaron a la “papelera de la historia” -una frase sacada de Trotski- y el líder de CDC cedió el testigo a Carles Puigdemont, que finalmente fue elegido el 12 de enero del 2016. El plazo fijado terminaba, pues, el 27 de marzo del 2017. 

Además, las elecciones tenían que ser “plebiscitarias”. Pero, al final, Junts pel Sí obtuvo 1,6 millones de votos y 62 escaños, pero no alcanzó la mayoría absoluta. 

Consiguieron, en realidad, menos diputados que en las elecciones del 2012 cuando concurrieron por separado: 71. Cincuenta para CiU, que todavía existía, y veintiuno para Esquerra.

El bajón electoral de Convergencia i Unió, que perdió doce diputados de golpe, aceleró el proceso porque en el caso de haber perdido las siguientes elecciones, Artur Mas tendría que haberse ido a casa como José Montilla en el 2010. Por otra parte, en estas Mas no iba de cabeza de lista sino cuarta. 

La candidatura, en efecto, estaba encabezada por Raül Romeva. Con lo cual se evitaba rendir cuentas, en la campaña electoral, de su obra de gobierno. Ya entonces escasa.

El programa electoral, en todo caso, tenía una carencia fundamental: la reacción del Estado. En plena euforia por aquello de “el món ens mira”, pensaban que ni el gobierno español ni las fuerzas de seguridad ni los jueces harían nada. 

Ahora el independentismo ya no plantea otra DUI (Declaración Unilateral de Independencia) sino un “referéndum acordado” con el Estado, algo que propuso en su época Iniciativa per Catalunya. Está por ver si el referéndum de autodeterminación cabe en la Constitución, aunque la mayoría considera que no.

Esquerra, de hecho, ha asumido la vía más autonomista y, junto al referéndum, y la amnistía para los altos cargos encausados, pide el pacto fiscal o el traspaso de Rodalies -aunque ya se hizo uno en el 2010-. 

Junts, para no quedarse atrás, lo circunscribe al referéndum y la amnistía, pero incluso esto no es la independencia.