La ‘revuelta de las llaves’ se pone en marcha en Cataluña

El pasado 23 de noviembre, con motivo de la manifestación inmobiliaria en Barcelona, el Sindicato de Inquilinas puso sobre la mesa una preocupante novedad. Y esta no era otra que una huelga de alquileres en Cataluña. Visto con perspectiva, se trata de una situación previsible teniendo en cuenta que el mercado inmobiliario es una bomba de relojería.

La estrategia del Sindicato pasa por un avance progresivo y una incorporación a la huelga de cada vez más inquilinos. Y tal como ha informado el propio Sindicato, “Salou se convierte en el punto de partida de la primera huelga de alquileres”. Desde este lunes, 29 inquilinos de VPO gestionadas por La Caixa empezaron a devolver los recibos. También exigen “la devolución de los importes cobrados en concepto de IBI”.

A partir de aquí, otras promociones de vivienda han anunciado su incorporación (o inminente incorporación) a la huelga. Es el caso de algunos inquilinos en El Vendrell y Sentmenat. “Con esta acción de desobediencia, reclaman la prórroga de los contratos de alquiler ya extinguidos y la retirada de los procedimientos judiciales abiertos para desalojar familias, además de la eliminación de cláusulas abusivas y sobreprecios para volver a los precios originales”, dicen desde el Sindicato.

La política también empieza a temblar

Esto sirve a los huelguistas para poner también en marcha su relato y denunciar los recientes anuncios políticos en materia de vivienda. De esta manera, critican que el modelo de vivienda pública anunciado está “diseñado para garantizar el lucro de los agentes privados”, como La Caixa, dicen.

Como se explicó en E-Notícies, la tensión inmobiliaria va a reforzar el relato de la izquierda a propósito de los “especuladores” y “los rentistas”. Ante esto, el Govern del PSC guarda una prudencia cargada de tensión. El presidente Illa sabe que la presión ideológica va a aumentar y ha pedido “realismo” frente a la “gesticulación”. Mientras tanto, la calle se calienta y las propuestas de revuelta e intervención del mercado están a la orden del día.

Paralelo a esto, el Gobierno central también huye hacia adelante y promete una empresa pública de vivienda. Pero esto no es bien recibido por los aliados nacionalistas del Gobierno, que se rasgan las investiduras ante la implicación del Estado en la autonomía. Es decir, que la partitocracia ya empieza a coger sitio ante un problema que no ha hecho más que empezar.