La izquierda catalana se encomienda al problema inmobiliario para frenar su decadencia

Por ahora, el problema de la vivienda no ha estallado, pero va a ritmo de hacerlo. El punto de inflexión será una eventual huelga de alquileres. De entrada, un acontecimiento de esta envergadura complicará a medio y corto plazo el problema inmobiliario. Y es que, además de un desequilibrio social y financiero, una huelga de alquileres implicaría un problema de orden público y retiraría aún más oferta del mercado.

Ahora bien, una huelga de alquileres es el resultado previsible de la olla a presión que representa el mercado inmobiliario. Además, ocurre que este problema se ha mostrado indiferente a los colores políticos que han ido desfilando por el poder. Como ya se explicó en E-Notícies, la razón para ello es que el mercado inmobiliario es un reflejo de algo mucho mayor: la demografía y la concentración poblacional.

Los intentos intervencionistas en un mercado saturado de demanda producen, en esencia, dos escenarios. El primero es una traslación de la oferta a otros ámbitos del sector inmobiliario (habitaciones, temporal, compraventa, etc.). El segundo es el mercado negro o, en su defecto, la asignación de la oferta con criterios no-monetarios (pisos de conocidos, de familiares, contactos, tener que pasar casi un casting para acceder a un alquiler, etc.).

Del Ayuntamiento al megáfono

Sin embargo, todo esto no significa ni mucho menos que se detenga la máquina partitocrática. Por el contrario, los problemas con una incidencia social real (la inseguridad es otro ejemplo evidente) son los más interesantes para los relatos partidistas. Esto llega hasta el punto de que, como hemos visto en la manifestación del pasado sábado, los que más protestan son los que han estado años en el poder. El caso de los Comuns es paradigmático.

Pero que los sectores de la izquierda catalana protesten precisamente ahora es natural. En plena decadencia electoral y actuando como comparsa del PSC, partidos como Comuns, CUP y ERC necesitan más que nunca un asidero. Y como es sabido, los problemas sociales sensibles se prestan a una magnificación del discurso político. Por este motivo oiremos hablar mucho de “especuladores”, “fondos de inversión” y “rentistas” durante esta legislatura.

Se trata, en definitiva, de armar una suerte de segunda edición del 15-M en torno a la vivienda. Esto explica que el PSC, que no se puede permitir la grandilocuencia en la misma medida que Comuns, ERC y CUP, procure captar el malestar social sin excitarlo demasiado.

El PSC ha atado su suerte al problema inmobiliario

Por ahora, lo que hemos oído del Govern socialista es que la Generalitat va a poner en marcha uno de los mayores planes inmobiliarios que se recuerdan. De hecho, el presidente Illa no tardó mucho en anunciar en el Parlament su plan de 50.000 viviendas y 4.400 millones:

Como es evidente, la gran incógnita está en cómo gestionarán ERC y los Comuns su discurso en la calle y su sostenimiento del PSC en el Govern. Porque los tempos de las políticas públicas y de los megáfonos en las manifestaciones no coinciden nunca.

Todo dependerá de si el PSC consigue enderezar este problema - parece muy difícil que lo consiga - o si se suma a la lista de partidos que se ven superados por la vivienda. Y en una situación en la que el Govern colapsa por el problema inmobiliario sí cabe la posibilidad de asistir a una izquierda desatada en materia intervencionista.

Se trata, en fin, del inicio de la explosión que España y Cataluña han ido cebando durante los últimos años. Es decir, una inversión pública casi nula, crecimiento demográfico sin orientación y muchos límites a la construcción.