Puigdemont asegura que volverá para la investidura a pesar del riesgo de ser detenido

Con la victoria en la Mesa del Parlament, el expresidente Puigdemont tiene más cerca hacer realidad su promesa de volver a Cataluña para el debate de investidura. La duda era si se iba a arriesgar a ser detenido. Y según ha explicado Josep Rius en el Café de Ideas ese es el “compromiso” de Puigdemont, que volverá “sea cual sea la circunstancia”.

Es momento, pues, de posturas firmes. Ayer, Salvador Illa dijo en el mismo programa que en ningún caso votará una investidura de Puigdemont. Tenemos sobre la mesa entonces dos promesas incompatibles entre sí y que no resuelven la gobernabilidad de Cataluña.

Es posible que Puigdemont vuelva este mes

El encargado de transmitir el mensaje ha sido otro incondicional de Puigdemont como Josep Rius. En una entrevista para la periodista Gemma Nierga, Rius ha asegurado que la vuelta del expresidente es un hecho. “El compromiso es firme”, ha dicho:

En caso de que el ya presidente del Parlament, Josep Rull, ponga a Puigdemont como primero en la lista, el próximo 25 de junio podríamos vivir la situación de la policía deteniendo a Puigdemont. Porque, aunque la ley de amnistía esté aprobada y plasmada en el BOE, la carrera de obstáculos judiciales no ha hecho más que empezar.

Puigdemont podrá ser detenido, pero solo temporalmente

Ayer mismo explicábamos que la partida de póker en versión judicial acaba de empezar. De hecho, el juez Pablo Llarena ya ha avisado a la policía de que la orden de detención que pesa sobre el expresidente está vigente durante dos meses.

Los tempos, pues, cuadran con la vuelta de Puigdemont y la posibilidad de que sea detenido cautelarmente. Pero en la medida en que sí o sí se tendrán que anular estas medidas cautelares Puigdemont puede tener la seguridad de que en algún momento acabará en libertad. Así, por ejemplo, se expresaba hoy su abogado, Gonzalo Boye, en declaraciones a RAC1:

A corto plazo, entonces, la situación parece clara. A largo plazo, en cambio, la situación es más incierta. Una vez aprobada la ley de amnistía, los jueces tienen dos meses de plazo para aplicarla y, si lo consideran oportuno, presentar recursos a diferentes instancias judiciales que van desde el Tribunal Constitucional hasta los tribunales europeos. Y esto se puede extender hasta un año y medio. Es decir, que todavía quedan 18 meses de incógnitas estructurales dentro de la política catalana.