El otro obstáculo del sistema de financiación para Cataluña: el personal

Desde un principio, el nuevo sistema de financiación para Cataluña ha recibido la misma crítica: su indefinición. Esto llega al punto de que todavía no hay consenso sobre el nombre; Junts, por ejemplo, alienta mociones en el Parlament para venderlo como un concierto económico. Por su parte, el presidente Illa dijo hace unas pocas semanas que no quiere entrar en un debate “nominalista” sobre este asunto. Es decir, ganar tiempo e ir vendiendo el nuevo sistema de financión tal y como vaya surgiendo.

Sin embargo, esta indefinición no puede ser crónica. Si de verdad se concreta el sistema de financiación, eso implica una operación administrativa e institucional de enorme calado. Y entre los obstáculos que hay que superar está el del personal que trabajará en la nueva hacienda catalana, que casi de la noche al día pasará a ser una hacienda de nivel europeo.

En este sentido, la portavoz del PSC (y una de las figuras con más incidencia en la política catalana), Lluïsa Moret, ya ha dicho que lo primero es “reforzar” con más personal la Agencia Tributaria Catalana. Y precisamente por la indefinición de la que hablamos, Moret no se pilló los dedos y dijo que “se está hablando” de una convocatoria para personal funcionario.

¿Y qué dicen los funcionarios?

Por el momento, la reacción de los funcionarios estatales que trabajan en Cataluña no ha sido del todo positiva. Cuando se empezó a hablar de esta exigencia de ERC para llegar a un acuerdo con el PSC, los sindicatos ya se pusieron en guardia. El motivo que explica sus resistencias y suspicacias son las modificaciones de las condiciones laborales, que hasta que no se despeje la indefinición quedan en un limbo de declaraciones políticas.

“No nos sorprendería que dejasen tirados a los trabajadores de la Agencia Tributaria estatal en Cataluña. Su máxima es cualquier fin que consideren bueno para sus objetivos justifica la vulneración de acuerdos sindicales y de la normativa vigente en materia de derechos laborales”, denunciaron desde UGT el pasado julio.

Y es que, ciertamente, este cambio de paradigma implica una traslación administrativa y laboral casi completa. Las cifras hablan por sí solas. En estos momentos, por ejemplo, la Agencia catalana dispone de 852 empleados, mientras que la Agencia Tributaria en Cataluña alcanza casi los 4.000 funcionarios.

Esto implica que el grueso del trabajo de inspección y control fiscal lo realiza el Estado, que dispone en Cataluña de 364 inspectores y 1.365 técnicos. Por esta razón, desde GHESTA han advertido de la posibilidad de que “se aumentaría la evasión en Cataluña por la falta de experiencia de la Agència Tributària de Catalunya en la gestión y control tributario de todos los impuestos”.

El PSC se mantiene firme con las fechas

Todas estas incógnitas no son obstáculos para que el Govern socialista se atreva incluso a dar fechas. Hace también unas semanas, la consejera de Economía, Alícia Romero, pintó un panorama más que halagüeño. Todo ello al margen de que, por ahora, todas las primeras espadas del PSC han dicho por activa y por pasiva que el acuerdo con ERC se “cumplirá”.

Y según explicó la consejera, la Generalitat y el Ministerio de Hacienda ya tienen trabajando a un “grupo de expertos” para pilotar la transición. De esta manera, dentro de unos pocos meses (durante el primer semestre de 2025), ya estará “definido” el modelo de financiación. Y con respecto a lo esencial, que son las capacidades efectivas de la nueva hacienda catalana, la consejera adelantó que en 2026 Cataluña ya recaudará todo el IRPF.