La Generalitat pierde 5,6 millones al dejar que prescriban multas por drogas y armas

El descontento de los agentes de los Mossos d’Esquadra con la cúpula política del cuerpo es evidente desde hace tiempo. No se limita al fallido operativo de la semana pasada para detener a un Carles Puigdemont que pudo fugarse de nuevo a Waterloo, no.

Esta semana, el sindicado SAP-FEPOL arrojaba luz a un asunto que mosquea, y mucho, a los agentes de la policía catalana. Un 81,83% de las actas incoadas por los Mossos por hechos relacionados con la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ‘ley mordaza’, acaban prescribiendo. Y lo hacen, según denuncian, por culpa de las indicaciones impuestas por el ya exconsejero, Joan Ignasi Elena. Son unos hechos que tienen graves consecuencias.

A pesar de la utilización política que hace la izquierda de la ‘ley mordaza’, las multas impuestas bajo ley incluyen la exhibición de armas blancas, el consumo de estupefacientes en la vía pública o las faltas de respeto a los agentes policiales. Por lo tanto, dejar que prescriban 8 de cada 10 multas relacionadas con este tipo de hechos no hace más que confirmar la sensación de impunidad que tienen los infractores. Una sensación de impunidad ya ha dejado de ser una sensación para convertirse en impunidad como tal. 

“¿Cómo no tiene que aumentar la presencia de armas blancas en la calle si no hay una respuesta sancionadora?”, denuncian desde SAP-FEPOL. “¿Qué mensaje estamos dando tanto a la sociedad como a los infractores si 8 de cada 10 de estos infractores no reciben la sanción correspondiente?”, añaden.

Después, todos nos echamos las manos a la cabeza cuando los índices de delincuencia se disparan, tal y como lleva sucediendo en los últimos años. Por lo que denuncia el sindicato, queda claro que Joan Ignasi Elena, como (ahora ya ex)máximo responsable político de la seguridad en Cataluña tiene parte de la responsabilidad.

La impunidad existente no solamente provoca un auge de la delincuencia en toda Cataluña. También revierte en las arcas de la Generalitat. Y es que, teniendo en cuenta las multas que se han dejado prescribir desde finales de septiembre de 2023, el Govern ha dejado de ingresar 5,6 millones de euros. 

SAP-FEPOL hizo el cálculo a partir de las casi 45.000 actas que han caducado por culpa del sistema de gestión impuesto por Joan Ignasi Elena. Y es que el ya exconsejero del Interior de la Generalitat de ERC derivó las competencias de la gestión de multas del Servicio Administrativo de las Regiones Policiales (SARP) a manos de los Servicios Territoriales de la Consejería que él lideraba. Un cambio, pues, que no solamente ha provocado que aumente la impunidad entre malhechores, sino que también ha hecho que el Govern dejara de ingresar casi 6 millones de euros.