Cataluña, 7 muertos en menos de una semana: ¿Punto de no retorno?

Gemma Ubasart y Joan Ignasi Elena han sido, con permiso de Tània Verge, los consejeros más polémicos del Govern Aragonès. Y no es una casualidad. Justicia e Interior son la punta de lanza de las políticas buenistas de ERC que han conducido a la crisis de seguridad que azota Cataluña de una forma especialmente trágica.

Hasta ahora, el Govern podía hablar de “percepciones”, escudarse en la “extrema derecha” y esconder la cabeza bajo el ala. Pero los tres muertos en la verbena de San Juan, que se unen a otros cuatro en los días anteriores, han desnudado las vergüenzas de un gobierno incapaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. La pregunta que se hacen muchos catalanes ahora mismo es si hemos llegado a un punto de no retorno.

Del gobierno actual en funciones nadie espera ya nada. El consejero de Interior ha dimitido de sus funciones (aunque no de su salario de más de 120.000 euros anuales), y sigue sin comparecer pese a la grave crisis de seguridad que vive Cataluña. 

Mientras, la portavoz del gobierno de ERC, Patrícia Plaja, pide evitar discursos “populistas, racistas y demagogos que solo sirven para alimentar a la extrema derecha”. Nada nuevo.

Fuera de control

La realidad es que las últimas semanas se han multiplicado las peleas, las agresiones, los robos con violencia, y también los homicidios. Algunos han causado especial estupor e indignación entre los catalanes. Como el magrebí que fue detenido por agresión con un bate de béisbol en Tarragona, fue puesto en libertad al cabo de unas horas, y esa misma semana agredió a un hombre y a una menor de edad con un cuchillo (para acabar agrediendo brutalmente a tres funcionarios una vez encarcelado). O la violenta pelea a tiros y a palos entre marroquíes y gente del este, a plena luz del día en Riudellots de la Selva (Gerona), con resultado de un muerto.

Esto rompe con la idea sostenida hasta ahora de que en Cataluña había muchos delitos pero de poca gravedad. La alarmante cifra de homicidios es motivo más que suficiente para encender las alarmas. A ello se suma el problema de la multirreincidencia, protagonizada sobre todo por extranjeros, lo cual abre un debate hasta ahora tabú sobre una aplicación más estricta de la ley de extranjería que contempla la deportación para estos casos.

Además de los siete muertos en menos de una semana, hay otro dato llamativo que ayuda a entender el panorama. Según los últimos datos oficiales, la mitad de los reclusos en las cárceles catalanas son extranjeros. Esto invita cuanto menos a una reflexión, pero en Cataluña el debate lleva tiempo secuestrado por la izquierda que califica de extrema derecha y racista a todo aquel que ose siquiera plantear la inquietud.

Los retos de la seguridad en Cataluña

Los que plantean la necesidad de un cambio en Cataluña señalan al menos tres retos para evitar llegar a un punto de no retorno. 

En primer lugar, un cambio de la ley y la reforma del sistema para dotar a la policía y a los jueces de más herramientas para imponer la mano dura. Por ejemplo, cambiar el código penal para castigar la multirreincidencia con más dureza, y cambiar el procedimiento judicial para evitar que los multirreincidentes salgan a la calle.

Hace dos semanas, el Congreso aprobó explorar la opción de endurecer el Código Penal en este sentido. PSOE, PP, Vox y Junts, entre otros, votaron a favor. ERC, Podemos y los Comuns, en contra.

También se pide acelerar las deportaciones, que se hacen solo en casos excepcionales pese a estar contempladas en la ley de extranjería.

Además, son muchas las voces que piden más policías en la calle para hacer frente a la delincuencia. Precisamente estos días los sindicatos policiales de Mossos d'Esquadra han denunciado el incumplimiento de las promesas del Govern de reforzar los efectivos en un lugar conflictivo como Calella y alrededores. La policía alerta de que esto pone en riesgo la seguridad de las personas, especialmente en los meses de verano.

En segundo lugar, un cambio en las políticas penitenciarias. Los protocolos antipunitivistas en las cárceles catalanas son una consecuencia más del buenismo de la izquierda que parece querer proteger más a los delincuentes que a las víctimas. Muchos ciudadanos preocupados por la seguridad piden un sistema penitenciario más duro, para que las cárceles no sean, como dijo Alejandro Fernández del PP, un balneario veraniego.

Las políticas de ERC en los centros penitenciarios, además, deja en una situación comprometida a los funcionarios de las cárceles, cada vez más desprotegidos ante el aumento de agresiones por parte de unos reclusos que tiene clara la falta de autoridad que el buenismo ha instalado en las prisiones catalanas.

En tercer lugar, el reto de la seguridad plantea también la necesidad de debatir sobre más controles migratorios. En un momento en el que Europa plantea controles más férreo para asegurar la seguridad de las fronteras, el Congreso aprueba el debate para la legalización de medio millón de inmigrantes ilegales. Mientras siguen llegando a Canarias más oleadas de inmigrantes, muchos de los cuales acaban en Cataluña.

¿Punto de no retorno en Cataluña?

Los expertos creen que la situación es revertible, si el próximo gobierno aplica un plan de choque con medidas efectivas de seguridad pública. Pero también advierten de que la dejadez estos últimos años ha dejado secuelas que pueden haber socavado las bases de la seguridad. Por ejemplo, hay zonas de Barcelona y otras grandes ciudades en Cataluña (Badalona, Terrassa, L'Hospitalet, Salt) donde la policía casi que ya ha perdido la autoridad.

Revertir una situación en la que los delincuentes se sienten fuertes en detrimento de la autoridad policial no es sencillo. En muchos casos exige una aplicación del uso de la fuerza rigurosa e incluso agresiva, al límite, que la sociedad no siempre es capaz de aceptar. 

En lo que sí parece haber un consenso cada vez mayor es en la necesidad de cambiar el paradigma sobre las políticas públicas de seguridad y en materia penitenciaria. Aparcar el buenismo e imponer el orden para reducir la delincuencia y la sensación de inseguridad de los ciudadanos. Veremos si el próximo gobierno catalán se atreve a ello.