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POLÍTICA

Cataluña bate su récord en la llegada de ‘menas’ este 2024

Nunca antes habían llegado tantos menores no acompañados y el Govern avisa de que irá a más

Como se viene informando, el aumento de la presión migratoria sobre las Islas Canarias tiene su posterior efecto en Cataluña. Sobre todo en lo que hace a los menores no acompañados, los conocidos como ‘menas’. Por el momento, Cataluña ya somatiza el aumento de la presión migratoria de 2024 y ha batido uno de sus particulares récords.

El punto de partida

En lo que llevamos de año, Cataluña ya ha recibido más menas que nunca. Concretamente, 1.455 menores, con el segundo puesto para el año 2022, que presentó 1.196 menores. Así lo revelan los datos del informe mensual que hace el Departamento de Derechos Sociales, cuya última actualización fue el pasado 30 de junio.

Por su parte, el consejero Campuzano también avisó de que esta iba a ser la dinámica y de que se preveía un notable aumento en la llegada de menores. En una entrevista para Els Matins de TV3, el consejero Campuzano advirtió de que “prevemos un incremento muy sustancial en las próximas semanas, en los meses de verano”. Y es que, además del previsible aumento de la presión migratoria al que se refiere Campuzano, también habrá que repartir a los menores que ya están en las Canarias y a la espera de ser trasladados a la península.

Imagen de un cayuco en aguas canarias con decenas de inmigrantes ilegales con impermeable

En términos agregados, Cataluña atiende en estos momentos a 6.759 “niños y jóvenes solos”. Esta diferencia entre “niños” y “jóvenes solos” obedece a que la Generalitat de Cataluña es de las pocas administraciones que atiende a los menas hasta los 23 años y no solo hasta la mayoría de edad. De hecho, los datos muestran que casi la mitad de los jóvenes atendidos en Cataluña - el 45,3% - tienen ya 19 años o más.

Así mismo, la información proporcionada por Derechos Sociales permite hacer un dibujo del origen y situación de estos jóvenes. El 95,2% son hombres frente a un anecdótico 4,1% de mujeres. La mayoría (51%) vienen de Marruecos y, si se le añaden los países subsaharianos (35,6%) y el Magreb (6,5%), se obtiene el origen geográfico de casi el 100% de los menores no acompañados que ahora mismo hay en Cataluña.

Sí al reparto, pero que pague el Estado

Como también se viene informando, esta aumento en la llegada de menas lleva al límite las capacidades asistenciales de la Generalitat. Tanto físicas como económicas. A pesar de intentar operar a la máxima velocidad, el Departamento del Consejero Campuzano no pudo evitar las imágenes de menores durmiendo en comisaría a la espera de la resolución de su trámite administrativo para ser acogidos.

Primer plano de Carles Campuzano

Aunque el apartado económico es el más polémico. Según explicó el propio Govern de ERC, el despliegue asistencial a los menas tiene un coste de alrededor de más de 100 millones de euros. Una cifra que, por el momento, ha puesto de manera íntegra la Generalitat. Sobre esto también hay que tener presente que, por ejemplo, en 2023, Cataluña esperaba a 33 menas y al final llegaron 2.000. El Gobierno central pagó por los 33 que se esperaba y los 1.967 restantes fueron a cuenta de las arcas catalanas.

Esto es lo que explica que la postura del consejero Campuzano y del Govern de ERC no haya cambiado: en la medida en que no se niegan al reparto, solo les queda pedir más financiación a Madrid. “Si el Estado no puede garantizar que sean atendidos en su país de origen, y somos las CCAA las que asumimos los costes, el Estado debe participar en esa financiación”, dijo este lunes el consejero Campuzano en referencia al nuevo reparto de inmigrantes que se está organizando.

Con un tono similar, defendió hace poco en una columna publicada en La Vanguardia que Cataluña es “solidaria” y un “país de oportunidades”. Pero hasta cierto punto. En representación de ERC, Campuzano viene a decir que la nueva Ley de Extranjera que han pactado el Gobierno central y Canarias “es necesaria”, pero solo si viene acompañada de un “sistema concreto de financiación”. Es decir, que sí al reparto si no hay más remedio, pero que pague el Estado.

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