Las universidades catalanas, reflejo del colapso procesista en la Cataluña de Illa

Cuando llegó a Palau, el presidente Illa se encontró con algo bueno: un enorme vacío de gestión, derivado de la inoperancia de la década procesista. Ahora bien, también se encontró con la densa red institucional, mediática y clientelar de la Cataluña procesista. Como es evidente, este era el resultado directo de años de mayorías parlamentarias independentistas.

En este sentido, se habla mucho, por ejemplo, de la prensa, que Illa sigue regando con millones, o de los famosos “chiringuitos”. De hecho, el Govern del PSC acaba de aprobar en el Parlament la creación de un nuevo cuerpo diplomático para Cataluña. Esta fue una de las exigencias de ERC para apoyar la investidura de Illa.

Y una de las instituciones que mejor recogen la decadencia procesista (y de las que menos se habla) es la universidad. Y es que la universidad catalana sintetiza muy bien la mezcla de nacionalismo y ‘wokismo’ que ha teñido la región durante los últimos años. Como todo en la Cataluña postprocesista, a la universidad también le saltan las costuras.

Acoso, cancelación y radicales

En pocos días, la universidad catalana ha dado muestras de sus peores dinámicas heredadas. Suspensión de la conferencia de Fernando Paz en la UB por considerarla “discurso de odio”, amenazas al catedrático Rafael Arenas por una charla con S’ha Acabat y escraches a un foro de empresas con estudiantes de ingeniería industrial en la UPC. Es decir, intolerancia ideológica y separación entre la universidad y la empresa.

A todo esto se le suma el acoso físico a grupos de estudiantes que no comulgan con el procesismo woke. De hecho, la justicia ha condenado en firme en alguna ocasión a miembros de estos grupos radicales. El pasado diciembre, un juez imponía multas económicas a cuatro miembros del SEPC por acosar y violentar a miembros de S’ha Acabat con la agravante de “discriminación por motivos ideológicos”.

El caso de la cancelación a voces unionistas, como la de Rafael Arenas, ha llegado al Parlament, donde Alejandro Fernández le reprochaba estos días a Illa su tibieza. “Como afecta a pocas personas (de momento) se mira hacia otro lado: por eso Illa pasa olímpicamente”, decía el líder popular:

Y, este mismo miércoles, el sindicato SEPC entraba al foro de empresas de la Escuela de Ingeniería Industrial de Barcelona para reventarlo. El objetivo de este foro es introducir al alumno en el ecosistema empresarial y ofrecerle prácticas. Con la retórica habitual, el SEPC hablaba de que “una educación que permite la intrusión de empresas en los campus es una educación condenada a operar bajo las lógicas del mercado”:

Más allá de la anécdota, esta alergia a la presencia de las empresas en la universidad es sintomática del profundo alejamiento de la realidad de los estudiantes radicales. Pero lo cierto es que, para la mayoría, la universidad debería ser un lugar para conseguir un mejor futuro profesional y económico. Y no es sorpresa que muchos de estos estudiantes provengan de áreas de ciencias sociales.

De hecho, las facultades públicas de ciencias sociales son la otra cara de la industria de los chiringuitos. Lo más habitual es que todos aquellos que pueblan los entes subvencionados (pacifismo, ecologismo, tercer sector, etc.) provengan de ciencias sociales. Esto solo conduce a un sistema endogámico de retroalimentación, y de paso explica la uniformidad ideológica que hay en estos ámbitos. Casos como el de la DGAIA son muestro de esto.