2024, el año en el que empezó a colapsar el problema inmobiliario
La calle se calienta con los precios de la vivienda y la política huye hacia adelante con viejas promesas
Considerado como problema, el problema inmobiliario tiene una característica fundamental: que los ciudadanos lo padecen con absoluta claridad. Le ocurre como a la seguridad, que es un problema muy cargante y que puede ser todo un castigo electoral. Esto implica que la vivienda genera un clima de descontento de consecuencias inciertas y muy susceptible a las soluciones mágicas.
Según datos del Idealista, el incremento interanual hasta octubre del mercado de alquiler fue del +10,2%. Y fiel a su tradición como laboratorio social y político, Barcelona ha firmado el alquiler más caro de España con 23,1 euros por metro cuadrado. Y analizado por comunidades, Cataluña se sitúa en un incremento interanual del 10,8%.
Con respecto a la compraventa, las subidas son más modestas, pero igualmente constantes. Desde Solvia, calculan que el 2024 cerrará con subidas del 3% y, al mismo tiempo, con una caída de las transacciones. En este punto, Baleares vuelve a ser la comunidad más cara y llega hasta los 3.000 euros por metro cuadrado.
El efecto político
Hasta aquí los datos, después entra la cuestión social y política. Y sobre esto también hay novedades que reflejan el progresivo aumento de la tensión social. Este año ha cerrado con dos manifestaciones históricas en Madrid y Barcelona contra el precio de la vivienda. En el caso de Barcelona, las entidades convocantes han avisado de una huelga de alquileres, lo que acabaría de reventar el mercado.
Ante esta realidad, la política ha huido hacia adelante con promesas que aspiran a compensar carencias de años en poco tiempo. Pedro Sánchez, por ejemplo, ha añadido una promesa más a su lista de promesas inmobiliarias y anunció la creación de una empresa pública de vivienda. Desde Cataluña, el presidente Illa ha anunciado el mayor plan de vivienda pública de España, con 4.400 millones en inversión y 50.000 pisos.
Paralelo a esto, la izquierda ha encontrado en el colapso inmobiliario una manera de detener su decadencia electoral. Partidos como Podemos, ERC, Comuns o la CUP piden una intervención más decidida en el mercado. A la postre, esto no haría más que agravar un problema que se deriva de la saturación de demanda y de una falta crónica de oferta.
Como se ha explicado en E-Notícies durante todo el 2024, el gran problema del mercado inmobiliario es el crecimiento demográfico y la concentración poblacional. En el caso catalán (y más aún de Barcelona) esto es doblemente evidente, con saldos migratorios netos de más de 100.000 personas. Y esta enorme captación de flujos demográficos deriva de un modelo económico que necesita mano de obra barata para funcionar.
Un ente tan objetivo como el Banco de España (BdE) lo reflejaba en su informe económico (en este caso, del 2023, pero extrapolable a los años colindantes). En el capítulo 4 se habla de “una fuerte correlación positiva entre el crecimiento de la población y el avance de los precios de compra y de alquiler desde el inicio de la recuperación económica en 2014 hasta 2022”.
En consecuencia, “el crecimiento demográfico experimentado desde 2016 es un factor fundamental para explicar el aumento de la demanda de vivienda residencial tanto en régimen de alquiler como de propiedad”. Finalmente, todo esto apunta “a una significativa creación neta de hogares en los próximos años que continuará impulsando la demanda de vivienda”, concluye el BdE.
¿Huelga de alquileres en el horizonte?
Con este panorama, el mercado inmobiliario se convierte en una bomba de relojería política. Las soluciones necesarias son demasiado profundas y el sistema partitocrático no tiene la suficiente entidad para resolverlas a largo plazo. Incluso el BdE mostró su escepticismo cuando señalaba que “la magnitud del problema diagnosticado hace difícil vislumbrar que actuaciones aisladas de corto plazo puedan tener el alcance suficiente para reducir de forma significativa las actuales dificultades de acceso a la vivienda”.
La vivienda, en definitiva, es el punto focal de la inflación acumulada que tiene España y el resto de Occidente. A un nivel sociológico, esto se ceba con jóvenes, inmigrantes y clases populares autóctonas. Los más beneficiados son los boomers, que han encontrado en sus propiedades un gran activo de inversión.
A corto plazo, la gran incógnita inmobiliaria de 2025 será una posible huelga de alquileres. Eso supondría un desequilibrio social y económico muy complejo.
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