Contra viento y marea

Hace algo más de cien días que el Gobierno de coalición echó a andar y los problemas se le acumulan. Nadie esperaba que la legislatura fuese un camino de rosas, pero tampoco era previsible que tan pronto las cosas se complicasen tanto. Y eso que este Ejecutivo goza, al menos sobre el papel, de una de las mayorías más amplias que en el Congreso de los diputados han existido nunca. Sin embargo, ya hemos visto que ese bloque es muy heterogéneo y se quiebra con facilidad.

El primer aviso lo dieron, en el Pleno del Congreso, del 10 de enero, Podemos y Junts. Los primeros, sumando sus votos a PP y Vox para tumbar el decreto de ley de reforma del subsidio de desempleo. Los segundos amenazaron con derribar una serie de iniciativas gubernamentales que al final se aprobaron porque ellos, a pesar de sus amenazas, se abstuvieron en la votación. Sin embargo, unas semanas después, en el Pleno del 30 de enero, los de Puigdemont decidieron dejar caer la ley de amnistía por entender que no daba las suficientes garantías.

Esas son algunas de las consecuencias de la realidad parlamentaria que viene dada por la correlación de fuerzas salida de las urnas el 23 J. Nadie pude llamarse a engaño. Otra cosa muy distinta, es que, con los resultados de las elecciones gallegas todavía por digerir, saltase, por un lado, el caso Koldo y, por otro, que los sectores judiciales, abiertamente en contra de la ley de amnistía, hayan perdido todo pudor y recato y quieran hacer jaque al Gobierno.

Pero vayamos por partes.

El que fuera hombre para todo de José Luis Ábalos, durante su etapa como ministro de Transportes y secretario de organización del PSOE, hasta julio del 2021, Koldo García Izaguirre fue detenido y puesto a disposición judicial por su posible implicación en un caso de presunta corrupción por el cobro de comisiones ilegales en contratos públicos de compra de mascarillas durante la pandemia. Un affaire con muy mala pinta que, de momento, es de alcance desconocido, pero que amenaza con extenderse como una mancha de aceite y es muy posible que acabe salpicando a personajes ilustres de ambas riberas ideológicas. Además, puede ser, como está intentando el PP, que se ha lanzado a acusar sin pruebas y solo con indicios o recortes de periódico, un obús en la línea de flotación de Pedro Sánchez, que precisamente llegó a la Moncloa haciendo de la lucha contra la corrupción una de sus señas de identidad.

Los que me conocen saben que con el independentismo, sus líderes y proyectos no tengo ninguna sintonía. Es más, soy de la opinión que quien la hace la paga. Por eso, aquellos que quisieron subvertir el orden en Cataluña y no han pasado todavía por los tribunales de Justicia no pueden irse de rositas. Ahora bien, eso es una cosa y otra muy distinta que justo ahora, cuando el Gobierno, ERC y Junts han llegado a un acuerdo sobre la futura ley de amnistía, el Tribunal Supremo (TS) haya decidido investigar al expresident Carles Puigdemont por terrorismo en el caso Tsunami Democràtic, causa en la que se indagan las protestas y disturbios que siguieron, en octubre de 2019, a la sentencia del procés.

No nos corresponde a la ciudadanía discernir si los hechos que se imputan a Tsunami Democràtic son disturbios o terrorismo, eso deben calificarlos los expertos. De igual manera, han de clarificar si Puigdemont era, o no, el hombre a la sombra de esa organización. Pero la cuestión es otra. La cuestión es que se da una extraña coincidencia en el tiempo entre la iniciativa legislativa y la investigación judicial; después de que el asunto durmiese un prolongado sueño de cuatro años en alguna de las incontables carpetas que descansan en las estanterías de los juzgados.  Ahora, justo ahora que se ha llegado a un acuerdo que quizás dé una relativa estabilidad parlamentaria y una nueva perspectiva a la situación política, desde el Poder Judicial lanzan una andanada que puede dar al traste con la legislatura.

Como he dicho y escrito en reiteradas ocasiones, he sido contrario a la ley de amnistía y soy escéptico por lo que respecta a sus supuestos efecto terapéuticos; el tiempo será quién dé y quite razones. Pero eso no es un impedimento para que vea en la maniobra de determinados jueces intereses que no buscan ni la justicia ni el bien común, sino todo lo contrario: un intento deliberado de alterar la realidad política. Algo tan deleznable como, en su momento, fue el movimiento secesionista, con la diferencia de que el independentismo podía alegar un cierto desconocimiento de la normativa jurídica y “sus señorías”, obviamente, no.

Ante esta situación, Pedro Sánchez ya sabe que deberá luchar contra viento y marea para seguir adelante. Precisamente por eso, no estaría de más que parafraseando a Felipe II en aquella celebérrima frase de: “Yo no mandé a mis barcos a luchar contra los elementos” dijera algo así como: “Yo me dispuse a gobernar para seguir trasformando la realidad social de nuestro país, y no para defenderme de los sinvergüenzas que se enriquecieron con la desgracia ajena ni de los poderes fácticos”.