Vox acusa al Govern de fomentar con dinero público la contratación de ilegales

Vox denuncia que el Govern de Salvador Illa destinará 19 millones de euros para una nueva convocatoria del programa ACOL.

Se trata de un programa gestionado por el SOC y que tiene como objetivo insertar en el mercado laboral a inmigrantes en situación irregular. Este programa se puso en marcha en 2019 y, según informa la Generalitat, ha beneficiado a 1.720 personas “en situación de vulnerabilidad”.

ACOL subvenciona la contratación de un año a tiempo completo de aquellas personas que cumplan los requisitos de arraigo social. Así mismo, una vez terminado el contrato, se les ofrece acompañamiento para insertarse en la empresa en la cuestión. Y también va a cuenta del presupuesto público las horas de acompañamiento del técnico de inserción (182) y las horas de formación (60-80).

La postura de Vox: acabar con el efecto llamada

En un mensaje en redes sociales, el líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, ha cargado contra esta nueva edición del programa. Garriga denuncia que “para el 25% de jóvenes catalanes en paro no hay planes millonarios”. Así mismo, Garriga insiste en que “no es efecto llamada, es invasión planificada”.

A principios de este año, cuando ERC estaba todavía estaba en el Govern, Vox ya criticó este programa de inserción social. A juicio de Vox, esta clase de medidas refuerzan el fallido modelo migratorio, que alienta el efecto llamada a través de las subvenciones y la asistencia social.

Sobre este asunto, desde Vox han insistido en muchas ocasiones que la política migratoria debería comenzar por atajar el efecto llamada. Hace menos de un mes, por ejemplo, pidieron que el Parlament mostrara su rechazo a las ONGs que fomentan la inmigración ilegal. De la misma manera, en Vox insisten en que el “drama humanitario” de la inmigración es indisociable del efecto llamada.

Cambio de rumbo en Europa

Y si Europa no le da explícitamente la razón a Vox, sí que se la da a sus principales socios internacionales, como Giorgia Meloni. La Comisión Europea, con Ursula Von der Leyen a la cabeza, ya ha asumido la necesidad de deportaciones y de un control migratorio más estricto. Hasta el punto de que se ha visto obligada a promocionar la política migratoria de Meloni.

Esto es sinónimo de que la UE asume la realidad del efecto llamada, que era una de las obsesiones de la primera ministra Meloni. Y es que uno de los objetivos de establecer “centros de retorno” en el extranjero, como hace Italia con Albania, es desincentivar la inmigración desde el origen.

Por el momento, esta medida ya ha encontrado el apoyo de 17 países miembros, entre los que hay gobiernos socialdemócratas e identitarios. De hecho, España se ha quedado prácticamente sola ante este nuevo cambio de rumbo de la Comisión. Algo que explica, y no por casualidad, que Feijóo haya visitado a Meloni para aplaudir su modelo migratorio.