La Generalitat fomenta la contratación de inmigrantes ilegales con dinero público

El Govern de la Generalitat demuestra con el problema de la inmigración la misma falta de rumbo que con el fracaso educativo o la crisis del campo. Por un lado pide ayuda al Gobierno central para recolocar a los menas que llegan a Cataluña de forma descontrolada. Pero por otro propicia el efecto llamada subvencionando la contratación de inmigrantes ilegales a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Esta misma semana, Vox presentó una moción en el Parlament de Cataluña sobre el “caos migratorio” en Cataluña. Pese a dar paso a la votación, la presidenta del Parlament, Anna Erra, impidió la lectura de la moción “porque lo considero inadecuado”. La formación de Ignacio Garriga cargó contra ERC y Junts por “ocultar la realidad de Cataluña y los problemas que generan con sus políticas migratorias”.

Dicha moción advertía del riesgo que supone la inmigración masiva para la seguridad, los servicios públicos y la cohesión social en Cataluña. Además, Vox señala la hipocresía de partidos como Junts, que durante años ha fomentado la inmigración ilegal y ahora pide la deportación de los extranjeros multirreincidentes. Y critica al Govern de ERC por propiciar el efecto llamado con dinero público.

Subvenciones para contratar solo inmigrantes irregulares

Hace tiempo, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) y la Fundació Formació i Treball pusieron en marcha el programa ACOL. Según el SOC, se trata de subvenciones destinadas a inmigrantes en situación irregular que cumplan los requisitos para obtener un permiso de residencia temporal”. La intención es “fomentar la inserción sociolaboral de uno de los colectivos más desprotegidos y con mayor riesgo de exclusión social”.

El programa ACOL subvenciona 11 contratos de un año de duración a jornada completa para personas con estos requisitos. Según la Fundació Formació i Treball, una vez finalizado el contrato, los beneficiarios reciben acompañamiento para conseguir la inserción laboral en la empresa. El proyecto subvenciona también las horas de acompañamiento que realiza la persona técnica de inserción.

El Govern incentiva así la contratación de personas en situación administrativa irregular, pese a la incapacidad de seguir absorbiendo contingentes de inmigrantes llegados desde Canarias y otros puntos del estado. Sin ir más lejos, los servicios de acogida de menores no acompañados están completamente desbordados. Pese a la crisis migratoria que tiene entre manos, el gobierno catalán sigue fomentando la llegada de inmigrantes ilegales.

Las contradicciones de la gestión migratoria

Vox denuncia el modelo migratorio fomentado por ERC y Junts en Cataluña, y el PSOE en España. La formación de Ignacio Garriga pide condicionar la entrada de inmigrantes a la demanda de trabajo y la capacidad de acogida. Así mismo, también ha recordado la necesidad de integración de los recién llegados.

En este sentido, consideran que hay que “impedir la entrada de quienes pretenden acceder de forma ilegal y expulsar a los que permanecen ilegalmente en el país”. Vox señala el fracaso del actual modelo migratorio, que “solo ha traído fundamentalismo islámico y guetos en los barrios”. Esto pone en riesgo la cohesión social, en su opinión.

El año pasado entraron en España 56.852 inmigrantes de manera irregular, un 82,1% más que en 2022. La mayoría llegaron a las Canarias, desde donde fueron distribuidos a otras comunidades autónomas. Especialmente a Cataluña, donde sin ir más lejos se esperaba la llegada de una treintena de menas y acabaron siendo más de dos mil.