Europa asume ya la necesidad de más deportaciones

Algo está cambiando en la Unión Europea (UE), hasta ahora reticente a aplicar controles migratorios más estrictos. La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, se ha mostrado abiertamente a favor de la deportación de solicitantes de asilo a terceros países. La controvertida medida, planteada por países como Dinamarca, Italia y Austria, encuentra ahora el apoyo del máximo órgano ejecutivo de la unión.

Von der Leyen ha apoyado la medida de los “centros de retorno” a través de una carta a los líderes de la unión, antes de la cumbre en Bruselas sobre el tema de la inmigración. Formula en ella una serie de propuestas para frenar el auge de solicitudes de asilo que pone contra las cuerdas a los países de la unión. También para ejercer controles más rígidos en las fronteras de la unión e impedir el contrabando de personas.

La máxima mandataria de la unión culmina así el giro conservador de Bruselas en materia de inmigración, que empezó a dibujarse con la reforma del pacto de migración y asilo.

Responde también a la necesidad de los países de reforzar la seguridad fronteriza, teniendo en cuenta que el año pasado se registró un número récord de solicitudes de asilo (1,1 millones). Italia está liderando este giro conservador, mientras que la España de Pedro Sánchez representa la excepción.

Giorgia Meloni, pionera

Giorgia Meloni ha marcado un antes y un después en las políticas migratorias de la unión.

En la búsqueda de soluciones imaginativas para descongestionar el país, la primera ministra italiana propuso el establecimiento de centros de retorno externos para solicitantes de asilo. La medida consiste en que estos solicitantes son trasladados a terceros países (en el caso italiano, en Albania) mientras se resuelve su expediente.

La élite europea mostró inicialmente sus reservas hacia esta medida muy criticada por las oenegés y organizaciones humanitarias. Pero en esta nueva carta, remitida el lunes a los mandatarios europeos, Von der Leyen anima a “seguir explorando vías para avanzar en la idea de desarrollar centros de retorno fuera de la UE”.

Específicamente, apela a “extraer lecciones de la experiencia que representa el protocolo Italia-Albania”.

Es más, la presidenta de la CE apuesta por llegar a acuerdos con “terceros países seguros” para acelerar el ritmo de las expulsiones. Una tendencia que están abrazando también mandatarios socialdemócratas como el alemán Olaf Scolz, que pidió aumentar las deportaciones.

Un grupo de 17 países presentó recientemente un documento en el que piden sancionar a quienes se quedan habiendo sido denegada su solicitud. Pero mientras los países piden soluciones, España niega el problema y defiende su gestión con la llegada mensual de miles de ilegales a sus costas.

España, la excepción

España es la excepción en la constelación de países de la unión que piden de forma unánime soluciones urgentes para la crisis migratoria. El Gobierno de Pedro Sánchez no ha variado un ápice su discurso de brazos abiertos, pese a ser ahora mismo el país de Europa por donde se cuelan más ilegales. Hay un dato significativo, y es que mientras en Italia se reduce un 70% mensual la entrada de irregulares, en España se ha disparado un 150%.

El aislamiento de España puede quedar patente en la inminente cumbre de mandatarios en Bruselas, donde la inmigración será la cuestión central. El Gobierno de Pedro Sánchez se niega a aplicar medidas más estrictas para frenar la inmigración irregular, y su gestión de la crisis consiste en repartir a los recién llegados por la diferentes comunidades autónomas. La reforma de la ley de extranjería quedó frenada en el Congreso, mientras todos los meses llegan miles de ilegales sobre todo a través de la ruta canaria.