La situación en Tossa abre el debate sobre la acogida obligada de inmigrantes ilegales

Entre hoy y mañana, Tossa de Mar recibirá 200 inmigrantes ilegales que llegaron recientemente a Canarias. La situación en esta pequeña localidad de 6.000 habitantes ha abierto el debate en toda la política catalana respecto a la acogida obligada de estos individuos que entraron en España de forma ilegal.

La mayoría son hombres, aunque aseguran que también hay mujeres. Son originarios de Nigeria, Níger y Mali y su estancia en un hotel de Tossa de Mar será sufragada por fondos del Ministerio del Interior. También aseguran que estarán en este municipio como máximo un mes, mientras se revisan sus respectivos casos y posibles reagrupaciones familiares en distintos países de Europa.

Esto ha generado dudas entre la población. Sobre todo, porque en localidades como Calella o Reus ya se ha vivido una situación parecida y su estancia se ha alargado varios meses. El primero que ha criticado esta llegada obligada de inmigrantes ilegales ha sido el propio alcalde de Tossa, que ve “desproporcionada” la cifra de irregulares que deben acoger. Con el añadido de que esta localidad, que vive en gran parte del turismo, todavía está “en plena temporada turística”.

Los vecinos de Tossa tampoco ven nada claro que el municipio tenga que recibir estos 200 inmigrantes ilegales. En declaraciones al Diari de Girona, algunos han señalado que “no se puede permitir la acogida de estas personas” porque “no hay ni trabajo para la gente del pueblo”. “¿Qué harán?, ¿de qué vivirán?”, se pregunta otro. “Es un tema muy complicado. Somos un pueblo pequeño y no sé si veo bien que acojamos esta cantidad de personas”, señala otra. Evidentemente, también hay quién se muestra a favor de su llegada, pero en cualquier caso, el debate está servido.

De hecho, el debate que hay en Tossa de Mar ha traspasado las fronteras locales y, en las últimas horas, la cuestión se ha situado en el centro del tablero en la política catalana. Por ejemplo, algunos dirigentes de Junts ya han mostrado su apoyo al alcalde (también de Junts) por alzar su voz contra esta medida.

Vox, por su parte, afirma que “los vecinos están asustados por la llegada de 200 inmigrantes ilegales” y piden que “toda persona que acceda[a España]ilegalmente, debe ser devuelta a su país”. De hecho, han pedido "la deportación inmediata de los 200 inmigrantes ilegales reubicados en Tossa de Mar". 

También Aliança Catalana se ha pronunciado, señalando que “pronto los veréis por nuestras calles esperando no se sabe qué, mientras les pagamos estancias de hotel y nuestros abuelos no pueden pagar una residencia”. El partido de Sílvia Orriols recuerda que "la población inmigrante" de Tossa "ya es del 25%" y que ahora, por decreto, aumentará "un 13%". "La sustitución demográfica va a toda máquina", afirmaban.

El caso de Tossa de Mar también ha generado debate en los principales medios de comunicación en Cataluña. Tanto en RAC1 como en TV3, por ejemplo, se ha debatido sobre la cuestión, aunque sobre todo dando voz -como ya viene siendo habitual en estos casos- a los partidarios de las políticas inmigracionistas.

Otro debate paralelo que ha aparecido es el que el PSOE ha dejado aparcado en un cajón. Y no es otro que la teórica concesión de competencias en inmigración a Cataluña que en su día pactaron con Junts. No han sido pocos los que han señalado que el partido de Puigdemont se colgó la medalla por esta cuestión, pero que pasados unos meses no solamente no ha habido novedades, sino que ahora son los propios dirigentes juntaires los que se quejan de estar obligados a recibir esta cantidad desproporcionada de inmigrantes ilegales.

De este modo, un tema que era tabú hace apenas un año, se ha convertido en uno de los principales debates en la política, tanto catalana como a nivel nacional. Y es que este verano ya fue polémico el reparto de ‘menas’ acumulados en Canarias en diferentes comunidades autónomas. Una polémica que, tras el ‘ok’ del PP, acabó con la ruptura de los pactos entre Vox y los populares en varias regiones. Comienza un nuevo curso político y, como ya pasa en gran parte de Europa, la cuestión migratoria será uno de los ejes centrales del debate entre las distintas fuerzas.