Junts per Catalunya vuelve a señalar a las empresas
Quieren arreglar lo que provocaron en 2017 e insisten en sancionar a las compañías que tengan la sede social fuera de Cataluña
Junts mata moscas a coñazos y continúa con su idea de forzar la vuelta de las empresas. Al igual que con la amnistía, la vuelta de las empresas se negocia con discreción con el PSOE. Los de Puigdemont ya se metieron en un buen problema cuando anunciaron que parte de su plan para recuperar a las empresas que huyeron era multarlas. Foment del Treball lo criticó duramente y también la patronal.
Arreglar lo que ellos mismos provocaron
“Abordar los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años”. Esto es lo que Junts le hizo firmar al PSOE para, entre otras cosas, conseguir la investidura.
Este plan para “facilitar” la vuelta de las grandes empresas catalanas consiste, en esencia, en multarlas. El procesismo de Junts considera que el Gobierno de Rajoy - con Luis de Guindos en Economía - les hizo una jugada rastrera al permitir el cambio de la sede social de las empresas. Pero lo que se bautizó como el “decreto de Guindos” fue en realidad una petición de los empresarios catalanes a Moncloa.
La totémica Caixa, por ejemplo, se enfrentó a un proceso de salida de capitales masivo. Algo que representa la perfecta pesadilla de un banquero. Como se suele decir, un banco cae por morosidad o por fuga de los depósitos, o sea, del dinero. En cualquier caso, las élites políticas catalanas llevan todos estos meses operando en torno a la cúpula de La Caixa para conseguir el control político del banco y el regreso de la Fundación.
¿Y qué hará el PSOE?
Bancos al margen, el “plan” de Junts consiste básicamente en deshacer el decreto de Guindos. Es decir, hacer los cambios oportunos en la Ley de Sociedades de Capital para que la sede social de las empresas tenga que estar donde está la producción mayoritaria.
En última instancia, todo esto consiste en sanciones. Si el PSOE traga con esta exigencia, la Generalitat podrá multar a las empresas que no hayan vuelto, que son casi todas. Hace unos pocos meses, Turull iba por Catalunya Ràdio pasmándose ante el hecho de que las empresas catalanas insistan en mantener la sede social fuera de Cataluña.
Incluso Sánchez Llibre - que ha hecho un acto de fe tras otro con la Cataluña procesista -ya dijo que las empresas volverán cuando haya seguridad jurídica. Algo que no casa muy bien con la amenaza de sanciones y el “ho tornarem a fer”. Por el momento, Sánchez Llibre ha trasladado a Madrid parte de la intendencia de Foment para, desde allí, hacer el lobby habitual del poder económico catalán. Si al final Puigdemont incluye a Jaume Giró en las listas será una situación digna de ver.
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