Junts activa su chantaje a Pedro Sánchez amenazando a las empresas
Condicionan el apoyo a los decretos del Gobierno a que las empresas que no vuelvan a Cataluña puedan ser sancionadas
Junts continúa con su estrategia de marcar perfil propio mediante chantajes a unos y otros. Después de tumbar los decretos de Sánchez por un riesgo sobre la amnistía que no ven ni PNV ni ERC, ahora se dirigen a las empresas. Condicionan su apoyo a los decretos a que se permita sancionar a las empresas que huyeron en 2017 pero que tengan la producción en Cataluña.
Junts busca perfil propio
Junts ha pasado de no tener ningún papel a ser uno de los puntales del gobierno de Sánchez. Esto ha llevado a que el relato del partido haya cambiado de arriba a abajo. De una política del “no” radical durante años han pasado al pragmatismo.
Pero este pragmatismo no es fácil de vender entre el votante independentista y Junts tiene los ojos puestos en las próximas autonómicas. Por eso, su reincorporación a la política se manifiesta entre otras cosas en la competencia con ERC. Era de esperar, pues, que Junts intentara equilibrar el pragmatismo con un perfil muy duro. De lo contrario, se les podría decir lo mismo que ellos decían de ERC: traidores.
Y de aquí el tono maximalista que Junts presenta desde que pactó la investidura. Tumbar los decretos de Sánchez con la excusa del peligro que implican para la amnistía es la primera oportunidad que tienen para hacerse valer. Porque ERC, que también es el primer interesado en la amnistía, no dice que los decretos la pongan en peligro.
La vuelta de las empresas
Pero lo fundamental, Junts ya lo tiene: desmarcarse de ERC y aumentar la posición de fuerza. Ahora, dicen que están abiertos a aprobar los decretos si cumplen algunas condiciones. La primera, que se presenten por separado, la segunda, que se sancionen a las empresas catalanas que se fueron y que producen en Cataluña.
Puigdemont busca beneficiar a las empresas que se quedaron - como Grifols, que se hunde en bolsa - y sancionar a las que se fueron. Quieren derogar así el "decreto Guindos", que fue una petición expresa de los empresarios catalanes al entonces ministro Luis de Guindos. Con dicho decreto, una empresa podía cambiar de sede sin la aprobación del consejo de administración, algo que daba agilidad a la operación.
El plan para traer de vuelta a las empresas a Cataluña estaba en los acuerdos de investidura del PSOE y de Junts. Y las sanciones es algo que Junts ya comenta desde el verano. Pero a menos que sea otra postura maximalista, no cuadra con lo que dice los empresarios: que volverán cuando perciban estabilidad política.
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