El Gobierno destinará más dinero para acoger 'menas', pero la Generalitat pide más

Continúa el problema de la atención a los menas. La Generalitat ya lo admitió e informó de que mantenerlos les cuesta 100 millones de euros. Ante la llegada histórica de menores no acompañados, el Gobierno central ha puesto más dinero sobre la mesa.

Presión sobre el consejero Campuzano

Lo explicó el consejero Campuzano: en teoría, tenían que venir 33 menas y llegaron 2000. No se sabe en qué se basaron para hacer esta predicción, tal vez lo que les llegaba del Ministerio del Interior. Y al Ministerio del Interior lo que le llegaba del tal vez del Ministerio de Exteriores: el pacto estratégico con Marruecos tenía que ser un éxito para limitar la inmigración irregular.

Pero no ha sido el caso. Según pudimos saber a finales del año pasado, la llegada de inmigrantes irregulares fue histórica: desde 2018 no llegaban tantos. De aquí que, a su vez, se haya disparado en un 117% la llegada de menas. Esto, en Cataluña, se ha traducido en una gran presión sobre el Departamento de Asuntos Sociales. Los menas han llegado a dormir en las comisarías.

Todo ello, ha llevado a la Generalitat a hablar de que “no es una situación puntual, sino un asunto estructural”. Lo cual, traducido, significa pedir dinero y recursos a Madrid. Empezando, a ser posible, por el reparto, que la presidenta de Madrid ya ha denunciado que es un “caos”.

Hace falta más dinero

En la última reunión del Ministerio de Infancia y Juventud, la ministra del ramo, Sira Rego, ya ha dicho que va a poner 15 millones más. Una cantidad que, de entrada, parece insuficiente si tenemos en cuenta que solo a la Generalitat le cuesta 100 millones.

Por esto, la representante de la Generalitat en la reunión, Núria Valls, ha dicho de manera diplomática que hay que “evaluar correctamente” la financiación. Una financiación que, además, tiene que ir por Comunidades. Así mismo, Valls ha apuntado a que todo esto obedece a una “realidad”.

Esta situación abunda en el debate sobre la inmigración que ahora mismo está sobre la mesa, especialmente en Cataluña. Por su parte, la Generalitat, bajo el control de ERC, insiste en la integración y la convivencia. Por otro lado, la derecha - y con la reciente incorporación de Junts - pide mano dura.