Europa Press El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, echa un cable a Carles Puigdemont
El jefe de los fiscales ordena levantar las medidas cautelares contra Puigdemont y los fiscales del Supremo la rechazan
Novedades importantes en la carrera de obstáculos de la amnistía. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha ordenado a los fiscales de sala del Tribunal Supremo amnistiar el delito de malversación. Por tanto, también ordena que se levanten las medidas cautelares contra el expresidente Puigdemont y que podrían haber propiciado su detención cuando hubiera vuelto a España.
La Fiscalía no acusará por malversación
Poco después de la aprobación legislativa de la ley de amnistía, los cuatro fiscales que juzgaron el referéndum del 1O - fiscales Cadena, Moreno, Zaragoza y Madrigal - hicieron una jugada astuta.
En una nota informativa adelantándose a las providenciales de los jueces, los fiscales dijeron que todos los delitos eran amnistiables a excepción del de malversación. La maniobra era astuta porque apuntaba a los “intereses financieros de la Unión Europea” y no a otros delitos con una carga más política como el de rebelión.
Ante esto, el fiscal general, Álvaro García Ortiz, tuvo buenas palabras y una reacción institucional, pero su decisión estaba clara. Dado el principio de jerarquía que rige en la Fiscalía (y su politización) era de esperar que ocurriera lo que acaba de ocurrir.
Se impone la jerarquía
En un decreto publicado hoy mismo, el fiscal general da orden de “proceder a declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de este procedimiento”. De paso, lanza un dardo a los cuatro fiscales del Supremo. “Estos fiscales confunden en su informe el "ánimo de lucro" que exige el delito de malversación con el "enriquecimiento personal de carácter patrimonial" de los hechos que la ley de amnistía no considera amnistiables”.
Pero más destacado aún es el levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre Puigdemont y que podrían haber facilitado su detención en caso de volver a España. Como ya se informó, el juez Pablo Llarena envió una nota a la policía recordando que la orden de detención de Puigdemont seguiría activa por lo menos durante dos meses. En algún momento, eso sí, las medidas cautelares iban a caer porque así está recogido en la ley de amnistía. Lo relevante, pero, es que estos dos meses coincidían con el debate de investidura en el Parlament y la vuelta del expresidente.
El juez Pablo Llarena lo tiene cada vez más difícil | Europa Press
En este sentido, el Fiscal General se lo ha puesto fácil a Puigdemont. Además de retirar la acusación de malversación, ha dado orden de levantar las medidas cautelares. De esta manera, es posible que el juez Llarena acabe por levantar por su propia voluntad la orden de detención contra Puigdemont.
En cualquier caso, lo que seguirá su curso serán los recursos de los jueces españoles al Tribunal Constitucional y a la justicia europea para que se confirme la legalidad de amnistía.
Los fiscales del Supremo se niegan
La información de última hora señala que los cuatro fiscales del Tribunal Supremo se niegan a aceptar esta orden de García Ortiz.
Poco después de conocerse la decisión de la Fiscalía General del Estado, los cuatro fiscales han activado el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Este permite rechazar una orden jerárquica si se considera contraria a la ley o simplemente improcedente.
Ahora, la decisión se trasladará a la junta de fiscales, que tendrá que dirimir esta cuestión. Se espera que se celebre el próximo martes, día 18 de junio, y que en ella participe el fiscal general del Estado.
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