La fallida Renta Básica, el ejemplo del declive de la izquierda woke en Cataluña
Una muestra más de que el péndulo está girando en la política catalana
El Plan Piloto de la Renta Básica Universal en Cataluña, un proyecto ideado por la CUP y que ERC se hizo suyo, tiene pinta de tener los días contados. A pesar de formar parte del acuerdo entre el PSC y los republicanos para la investidura de Salvador Illa, el Govern ha decidido frenarlo.
El ejecutivo socialista lo ha relegado a la cartera de Derechos Sociales (antes dependía de Presidencia). También ha fulminado al director de la Oficina del Plan Piloto para la RBU. David Raventós, que cobraba 80.000 euros anuales, ha sido despedido y en puesto han colocado a Guillem Vidal. Ahora, el proyecto entrará en una fase de replanteamiento y rediseño. O lo que es lo mismo, en la fase previa a su defunción.
El Plan Piloto de la RBU era una prueba en la que se proponía regalar mensualmente 800€ por adulto y 300 por menor de edad. Esto, beneficiando a un total de 5.000 personas durante dos años, independientemente de su renta e ingresos. La medida nunca se llevó a cabo porque, más allá de haber una mayoría parlamentaria en contra (PSC, Junts, PP y Vox siempre se han mostrado reticentes), no hubo nunca apoyos suficientes para incluirlo en los presupuestos. Hubiera costado un total de 40 millones de euros.
Sin embargo, a pesar de que la mayoría del Parlament estaba en contra de este experimento, el Govern de Pere Aragonès decidió mantener la Oficina para el Plan Piloto de la RBU. Solo en 2022 costó 4 millones de euros en sueldos, charlas y demás. Un despilfarro de dinero público evidente para un proyecto que no tenía recorrido.
No lo tenía porque, básicamente, la siguiente fase del plan era ampliar este subsidio a toda la población en Cataluña. Lo que representaría un coste de 50.000 millones de euros anuales, mucho más que el presupuesto anual de la Generalitat. La intención de sus promotores (ERC, Comuns y la CUP) era sufragar este dispendio con el comodín de “subir los impuestos a los ricos”. Los que nos recordaban en plena sequía que “el agua no cae del cielo” olvidaron que el dinero tampoco lo hace.
La caída de este Plan Piloto, además de significar un poco de cordura a la hora de gestionar el dinero público, también evidencia -otra vez- el declive de la izquierda woke en Cataluña. Una izquierda que ha influido mucho (quizás demasiado) en la última década en la política catalana. Pero que ahora no vive precisamente su mejor momento.
La aparición de la CUP en la política parlamentaria provocó los complejos de ERC y Junts. Especialmente de los juntaires, que por el miedo a ser tachados de “convergentes” y de “derecha catalana” viraron hacia posiciones sorprendentes para un partido que venía del centro-derecha y jugaba a ser transversal.
Todo esto llevó a los tres partidos procesistas (es decir, una mayoría parlamentaria en su momento) a defender casi cualquier tipo de regulación. También a promover la política de “Queremos acoger” y su consecuente efecto llamada. Sin olvidar tampoco su defensa al “activista” (sic) expulsado de Cataluña por promover el salafismo. O su apoyo a la polémica Ley Trans de Irene Montero en el Congreso.
En la última década, los procesistas parecían jugar a una especie de competición por ver quién era más de izquierdas. Pero todo apunta a que este escenario ha cambiado. Por un lado, porque Junts parece asumir que -por lo menos en parte- también deben cuidar su vertiente de centro-derecha. Por el otro, porque la izquierda woke está capa caída en Cataluña (igual que en el resto de Europa).
El Triángulo de las Bermudas del wokismo catalán (ERC, Comuns y la CUP) perdió 20 diputados en las elecciones del pasado 12 de mayo. Y si tenemos en cuenta que Junts parece haber abandonado -aunque sea ligeramente- esta deriva, la fuerza parlamentaria de las formaciones proclives a este tipo de políticas ha pasado de 82 escaños a 30. Es decir, retomando el ejemplo de la Renta Básica Universal, actualmente en el Parlament hay 105 diputados (de 135) contrarios a este proyecto.
Además, lo que está pasando con la RBU es el aviso de lo que puede pasar esta legislatura. A pesar de haber una mayoría considerada progresista en el Parlament, si el PSC sigue decidido a no ensuciarse las manos con estas políticas (que no es que sean de izquierdas, sino que van más allá, ya sea por irreales o porque aportan entre pocos o ningún beneficio a las clases medias y bajas), los tiempos en que las ideas woke han marcado la política catalana pueden haber llegado a su fin.
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