El Govern sigue gastando recursos en un proyecto fallido: la Renta Básica Universal

El proyecto de una renta básica en Cataluña se saldó con un fracaso parlamentario y una Oficina que todavía funciona y que cuesta un millón de euros. El caso es que, en 2023, el Parlament rechazó un plan piloto del Govern para implantar la renta básica. El motivo de este rechazo fue que el proyecto final era económicamente insostenible.

A pesar del fracaso parlamentario, el Departamento de Presidencia mantiene abierta la Oficina de la Renta Básica. Sus funciones han quedado en el aire, pero su director todavía percibe alrededor de 80.000 euros anuales de sueldo. A todo esto, el Govern de ERC insiste en que la renta básica se podría pagar si se dieran todos los supuestos que contemplan.

¿Cómo se paga y quién lo paga?

El Govern de ERC tiene las cuentas hechas en la página web del Departamento de Presidencia. A efectos prácticos, no se salen de los lugares comunes de la izquierda. Subir los impuestos a los ricos, crear nuevos impuestos y combatir la evasión y el fraude fiscal. Es decir, Podemos en 2014.

La renta sería básica sería de 7.968 euros anuales por adulto y de 1.549 euros por menor. En total, 52.899 millones de euros. Pero el Govern se cuida mucho de insistir en que el coste neto sería mucho menor. Concretamente, casi siete veces menor: 7.700 millones de euros ¿Cómo es posible esta reducción? Maniobras fiscales, captar más recursos y eliminar otras ayudas.

En primer lugar, el Govern contempla unificar el IRPF en un tipo único del 49% al mismo tiempo que la renta básica no tributaría. En teoría, esta reforma llevaría a que el 10% más rico fuera el que pagara la renta básica. “El 10 % con menos renta sería quien más se beneficiaría de la reforma, y obtendría una ganancia de 2.557 millones de euros. El 10 % con más renta sería quien más contribuiría, aportando 4.963 millones de euros adicionales para financiar la RBU”.  Por su parte, el 80% restante de la población - dice la Generalitat - se quedaría “en una situación similar o sería beneficiaria  neta”. Es decir, un 10% sale muy beneficiado, un 10% muy perjudicado y un 80% se queda más o menos igual.

Además del aumento del IRPF, el proyecto también habla de “integrar los rendimientos de la base del ahorro a la base general”. O sea, que los ingresos que no provengan del trabajo - cuentas de ahorro, ganancias de capital, dividendos, etc - tributen como trabajo. Como era de esperar, también hay subidas de impuestos para los ricos. Pero estas subidas quedan un poco indefinidas. El Govern no va más allá de un “impuesto a la riqueza” y de insistir en que los más ricos de la sociedad catalana son el 3,5%.

Lo que sí queda ligeramente más concretado son la creación de nuevos impuestos como los medioambientales. “La urgencia obliga a establecer impuestos que graven el consumo de productos o las actividades contaminantes, como los combustibles fósiles o el uso del automóvil”. Y concluyen: “el objetivo es tanto desincentivar su consumo como recaudar recursos que sirvan para afrontar la transición ecológica”. Así mismo, se prometen los correspondientes aumentos de los ingresos gracias a la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

Se mantiene la Oficina

Por lo demás, la renta básica fue un caramelo que ERC le dio a la CUP para que, en 2021, la formación anticapitalista hiciera presidente a Aragonès. De hecho, a las pocas semanas de llegar a Palau, Aragonès montó la “Oficina del Plan Piloto para Implementar la Renta Básica Universal”. Dos años después, en 2023, esta Oficina de diáfano nombre presentó el informe del plan piloto al Parlament.

Este plan contemplaba la participación de 10.000 personas. De todos ellas, 5.000 recibirían un pago mensual de 800 euros y, si eran menores, de 300 euros. Los otros 5.000 no cobrarían nada, pero participarían en el estudio. En total, 80 millones de euros de coste. Finalmente, el Parlament rechazó el plan piloto.

Y ahí se quedó todo. Todo, a excepción de la Oficina, que todavía funciona. De hecho, su director, Sergi Raventós, percibe alrededor de 80.000 euros de sueldo anual. En total, la Oficina tiene un coste de un millón de euros anuales. En última instancia, esta situación obedece a que la consejera Vilagrà decidió mantener abierta la Oficina. Lo justificó apelando a la continuidad del proyecto y a la lucha contra las "desigualdades":

Esta continuidad parece difícil si se tiene en cuenta que el Parlament ya ha rechazado el proyecto, que ERC está en minoría, que las elecciones son en un año y que el objetivo de la Oficina era diseñar un plan piloto. Por el momento, su labor ha quedado en hacer publicidad de sus conferencias en redes sociales.