Es el acuerdo programático del PSOE y Sumar…

La ideología —originariamente ideas en un contexto determinado, pero dejadas de pensar, cristalizadas y convertidas en creencias— aunque proceda de la realidad, actúa como una cortina de humo que tapa la misma realidad. Y la política ideologizada es la máxima expresión de este fenómeno.

Últimamente, la política en España está muy ideologizada, decir que la que más de nuestro entorno sería exagerado, pero en ocasión de episodios como el que estamos viviendo por la amnistía de procesistas, que ERC y Junts pusieron como condición para votar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, tal vez sí.

Lo que hay detrás de la tremenda oposición de las derechas políticas, el PP y Vox, a la investidura de Sánchez, que conlleva la formación de un gobierno de coalición con Sumar, ha sido aflorado en la declaración de la patronal CEOE después de la reciente reunión de su comité ejecutivo.

La declaración de la CEOE parece que solo critica los pactos formalizados por el PSOE con ERC y Junts por el daño a la separación de poderes y la seguridad jurídica que supuestamente traería la ley orgánica de amnistía, daño por ahora indemostrable, puesto que, de aprobarse la ley por las Cortes Generales, tardará un tiempo hasta que los tribunales deban aplicarla.

Y como de pasada, aparece en la declaración lo que realmente preocupa a los empresarios en defensa de sus intereses patronales: el acuerdo del PSOE y Sumar del pasado 24 de octubre, que será la base del programa del gobierno de coalición.

Entre las medidas que inquietan a la patronal destacan: la reducción de la jornada laboral por ley a 37,5 horas semanales sin merma salarial, la subida del salario mínimo interprofesional, la reforma del Estatuto de los trabajadores que acotará el despido, una reforma fiscal por la que la banca, las energéticas, las grandes fortunas y el impuesto de sociedades contribuyan al gasto público, además de un paquete de medidas directamente sociales, que la patronal siempre piensa que acabarán pagando ellos.

A los empresarios, la amnistía les da igual, si trae estabilidad política y callejera, que es lo que da fluidez a la economía y a los negocios, la aceptarán con más o menos entusiasmo según las sensibilidades o las circunstancias de cada uno.

Pues bien, tales medidas también deberían interesar a todos aquellos —incluidos muchos de los que se manifiestan en la calle contra la amnistía— que sean conscientes de que son socialmente más justas e individualmente más favorables que las medidas que adoptara o dejara de adoptar un gobierno del PP y Vox.

La amnistía, más allá de la mejora en la convivencia que pueda traer, mejora que dependerá en gran medida del comportamiento político de ERC y Junts, que la han reclamado para salvar a sus “soldados” de las consecuencias de la derrota, es el peaje que hay que pagar por tener unas medidas de gobierno razonablemente sociales.

Tanta oposición transversal a la amnistía, que es una cuestión político-ideológica, hace el juego al bloque económico-político de la derecha y tapa la cuestión social. Este es, precisamente, el papel de la hojarasca ideológica: hacer creer que es más importante rechazar la amnistía porque “rompe España”, “se carga la constitución”, “liquida el Estado de derecho”, “instaura una dictadura” y otras falacias por el estilo, que reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales lo que beneficiará a millones de españoles, medidas que nunca habrían impulsado el PP y Vox, que tanto dicen velar por “la igualdad de los españoles”.

Por supuesto, con todo el respeto hacia las sensibilidades personales de muchos a los que les revienta que se amnistíe a quienes gallean, mintiendo, una vez más, de que a cambio de la amnistía “no han renunciado a nada ni han pedido perdón”, extremo este último que muestra su talla moral considerando el colosal engaño de la independencia, propagado durante años, y el daño que han hecho.