Ni los votantes del PSOE quieren la amnistía

El gobierno de Pedro Sánchez ha echado a andar tras conseguir los votos de Junts para su investidura. En los próximos meses tendrá que poner en marcha la principal condición para el apoyo de los independentistas, la ley de amnistía. Lo hará con el rechazo de gran parte de los españoles, incluidos sus votantes.

Según una encuesta de NC Report para La Razón, el 71% de los españoles no ve bien que Puigdemont pueda volver a España sin haber rendido cuentas ante la justicia. Llama poderosamente la atención el porcentaje de socialistas que lo rechaza, un 46%. Solo un 33% lo aprueba, y un 23% no se define.

Además, un 44% de los votantes socialistas apoya las manifestaciones pacíficas contra la amnistía, frente a un 52% que las rechaza. Esta encuesta evidencia que el rechazo a la polémica ley de amnistía va más allá de PP y Vox. Y añade más presión a un gobierno que nace con la mayoría de la población en contra.

Feijóo recoge el descontento

Según otra encuesta, la de Target Point para El Debate, la amnistía provocaría una fuga de votantes del PSOE al PP. Las cesiones de Pedro Sánchez a los independentistas haría que perdiera 2,1% de votos y entre siete y nueve escaños. El gran beneficiado sería Feijóo, que subiría 3,7 puntos y superaría la barrera de los 150 diputados.

Se trata de encuestas orientativas, pero que señalan la tendencia a la baja de un PSOE perseguido por sus concesiones. Esto explica también el empeño de los socialistas por evitar a toda costa unas nuevas elecciones. Moncloa manejaba encuestas que desaconsejaban romper las negociaciones con los independentistas e ir a nuevos comicios.

También hay división en Sumar, ya que el 51% de sus votantes apoya el regreso de Puigdemont gracias a la amnistía, y un 48% lo rechaza. Eso sí, los de Yolanda Díaz son más contundentes con las manifestaciones contra la amnistía, con un rechazo del 62%. Un 65% de los españoles encuestados apoya las movilizaciones pacíficas.

La ley de amnistía echa a andar

La ley de amnistía, registrada la semana pasada en el Congreso de los Diputados, empieza esta semana su tramitación parlamentaria. La intención es que esté lista en primavera de 2024, y que se empiece a aplicar en las semanas siguientes. Pero el camino no será tan sencillo como prevé el gobierno.

El PP ya ha anunciado su intención de frenar la ley tanto en el Congreso como en el Senado. Si finalmente sale adelante, presentará un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Todos estos trámites podrían prolongar la aprobación de la ley de amnistía, que es precisamente lo que quiere evitar el PSOE.

No solo porque de su aprobación depende mantener el apoyo de Junts y ERC, sino sobre todo por el desgaste que genera el debate en la opinión pública. En Moncloa quieren que el vendaval pase rápido y se olvide cuanto antes. No es para menos, viendo las últimas encuestas sobre los costes electorales de la ley.