La Oficina Antifraude vuelve a señalar a la Generalitat por contratar irregularmente

La Oficina Antifraude resuelve que hubo irregularidades en la contratación de un cargo público de la Generalitat. Se trata del director de servicios territoriales del Penedés, nombrado en su día por el exconsejero de educación Cambray. Según información de ElMón, no cumplía los requisitos para el nombramiento.

Nombramiento irregular

Este asunto de los servicios territoriales de Penedés viene de lejos. En su día, la Oficina Antifraude detectó irregularidades en un nombramiento del exconsejero Cambray. Los indicios llevaron a la Oficina a una “actuación de investigación” que, como informa ElMón, se ha resuelto ahora.

El Departamento de Educación nombró este cargo justificando la urgencia del nombramiento. Esta es una de las situaciones que permite a la administración no seguir el cauce habitual: urgencia y provisionalidad. Pero el informe, en resumen, viene a decir que no ha quedado acreditada la urgencia.

Por ende, el nombramiento se ha considerado irregular. “No se ha podido deducir ningún tipo de justificación de urgencia en el nombramiento”, señala el informe. Por otra parte, la Oficina confirma su sospecha: que la persona designada para el cargo no cumplía el requisito de ser funcionario de carrera.

Otras investigaciones a la Generalitat

No es la primera vez que la Oficina Antifraude investiga a diversas instancias de la Generalitat. Hará dos meses, la Oficina señaló a una de las personas de confianza de Junqueras en Sant Vicent dels Horts. Al parecer, ERC ocultó que el jefe de policía de la localidad fue condenado por prevaricación.

Como destapó Crónica Global, el jefe de policía fue nombrado sin publicidad ni concurrencia y que, además, estaba condenado. Fue Maite Aymerich, persona de confianza de Junqueras, la que rescató al policía nombrándolo subinspector aunque, de facto, hiciera de jefe.

Así mismo, los diputados del Parlament también estuvieron en la mirilla de la Oficina Antifraude. La polémica vino por la privilegiada prejubilación de la que podían disfrutar los parlamentarios. En esencia, se permitía a los diputados cobrar sin ir a trabajar cinco años antes de su jubilación, algo que desató el rechazo social.