Antifraude investiga nuevas irregularidades relacionadas con los sueldos del Parlament
Las licencias por edad, otra vez en el punto de mira
Sigue la polémica por las licencias del Parlament que permitía a los funcionarios de más edad cobrar casi el sueldo íntegro sin ir a trabajar. El caso está siendo investigado por la Oficina Antifraude. Ahora se ha conocido otro dato llamativo: en 2021, justo antes de que se suprimieran las licencias, se concedieron el doble que el año anterior.
Las licencias por edad son una forma de prejubilación que permitía a los diputados cobrar sin ir a trabajar cinco años antes de jubilarse. Al destaparse el escándalo, en 2022, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ordenó su derogación. Al mismo tiempo, no obstante, impulsó una nueva figura para seguir perpetuando esta práctica.
14,3 millones de euros
El diario Ara publica ahora que entre verano y otoño de 2021, mientras se discutía la reforma, se multiplicó la concesión de estas licencias. Según el rotativo, estas fueron expedidas por la exsecretaria general del Parlament, Esther Andreu. Fueron 16 en total, algunas de ellas incluso con 25 meses de antelación.
Las licencias por edad fueron suprimidas en febrero de 2022, aunque se aprobó una nueva fórmula parecida. Los funcionarios de más edad pueden teletrabajar el 100% de su jornada cobrando el sueldo casi íntegro, cinco años antes de su jubilación. Según el citado medio, estas licencias han costado 14,3 millones de euros al erario público desde 2008.
Algunos beneficiarios están cobrando estas licencias, aunque ya no están en vigor, porque fueron aprobadas en su último año de vigencia. Estos funcionarios están cobrando sueldos mensuales de más de 6.000 euros de media. Antifraude investiga ahora esta irregularidad relacionada con los polémicos sueldos del Parlament.
Polémica y rechazo social
La polémica vuelve a poner sobre la mesa los privilegios de los funcionarios y los diputados del Parlament. Este mismo mes de octubre, la cámara aprobó el aumento de 850.000 euros en gasto para asesores. Además se aprobó trasladar los gastos a la Generalitat, que a partir de ahora se hará cargo de estas partidas.
En cambio, no se regularizaron las dietas como se habían comprometido los partidos este verano. Las dietas de los parlamentarios no tributan, y esta cuestión sigue en el aire desde hace tiempo. Los partidos proponen un incremento de las dietas a cambio de su regulación. Esta cuestión ha generado un amplio rechazo social.
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