Ser de izquierdas y subir el IBI: qué sucede en la mayoría de ayuntamientos catalanes

El tramo final del año es, para cualquier ayuntamiento, un momento de máxima importancia. Es tiempo de elaborar y aprobar las ordenanzas fiscales, un concepto que suena lejano, pero que constituye, con toda seguridad, la decisión anual más trascendente de los consistorios sobre sus ciudadanos. Se trata de la regulación de los impuestos municipales, es decir, decidir si suben, bajan o se mantienen tributos como el IBI o la tasa de recogida de residuos, entre otros.

Más impuestos a la ciudadanía: la tónica general, también de la izquierda

La aprobación de las ordenanzas da paso a la elaboración del presupuesto para el año siguiente. Una vez el ayuntamiento calcula qué ingresos tendrá —mayormente, a través de las ordenanzas fiscales—, decide en qué asuntos y cantidades va a poder invertirlos. De este modo, la decisión sobre el tipo al que se aplican las ordenanzas es determinante para el desarrollo de los servicios y las inversiones que llevan a cabo los ayuntamientos.

Cuando se encara el tramo final de 2023, los consistorios ya están aprobando las ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio. En los últimos días, hemos sido testigos de titulares al respecto de ello en varios de los principales municipios de Cataluña. La tónica es coincidente: la inmensa mayoría de ellos suben sus impuestos y tasas; algunos de forma contundente.

Se da la circunstancia de que buena parte de estos consistorios están gobernados por formaciones de izquierdas. Mientras se aboga en la teoría por una disminución de la presión fiscal a la ciudadanía, estos gobiernos locales se ven obligados a hacer lo contrario. Tampoco es posible una aplicación progresiva de estos impuestos —teniendo en cuenta el poder adquisitivo de cada contribuyente—, de modo que las subidas afectan a todo tipo de rentas.

El IBI y la tasa de residuos suben en la mayoría de grandes ciudades de Cataluña

Pese al choque que ello representa con el modelo fiscal de sus formaciones, son varios los consistorios de izquierdas que protagonizan estas subidas. El ejemplo más clamoroso es el de Sabadell, donde Marta Farrés (PSC) —que goza de mayoría absoluta, pero gobierna con Junts— aumenta el IBI y la tasa de residuos en un 15%. Le sigue de cerca Reus —con gobierno del PSC y ERC—, que aumenta la antigua ‘contribución’ un 12,5% y la tasa de residuos en un 14%.

Los incrementos impositivos son, como decíamos, el mínimo común múltiple en los principales consistorios de Cataluña. Hay varios ayuntamientos socialistas que se suman al modelo de Sabadell y Reus. En L’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín (PSC) aumenta el IBI un 3% con el apoyo de ERC; y en Tarragona, el nuevo alcalde Rubén Viñuales (PSC) incrementará un 7,4% el IBI, un 12% la tasa de residuos y hasta un 30% el ICIO, que grava obras y construcciones.

En Terrassa, Jordi Ballart (Tot per Terrassa) ha anunciado una subida “moderada” de la presión fiscal, que aún no ha concretado. En Mataró y Santa Coloma, ambos feudos socialistas, el IBI va a subir en 2024 un 7% y un 5%, respectivamente. Pero las subidas de impuestos municipales no son, ni mucho menos, patrimonio exclusivo socialista.

Albiol cobrará en 2024 por primera vez la tasa de residuos, hasta ahora inexistente en Badalona. Serán 108 euros por familia que se sumarán a la subida del 2,5% del resto de impuestos locales. Girona, con un gobierno municipal liderado por la CUP, o Manresa, que gobierna ERC, también seguirán la misma dinámica de incremento de la presión fiscal a la ciudadanía.

Gavà, el Prat de Llobregat, Rubí, Roses, Salou, Amposta o Torredembarra son otros de los municipios catalanes que ya han anunciado un aumento de los impuestos municipales. La oleada, pues, se está produciendo de forma global en buena parte de los ayuntamientos de Cataluña.

De hecho, de entre los doce principales municipios de Cataluña en habitantes, nueve cobrarán más en impuestos y tasas en 2024. La excepción la plantean Barcelona y Sant Cugat del Vallès, que pretenden una congelación; y Lleida, donde el IBI se ha reducido para 2024 en un 2%.

Los ayuntamientos, en apuros: el porqué de la subida de impuestos

Visto el panorama general, la pregunta es obligada: ¿por qué se producen incrementos en casi todos los municipios? La respuesta obedece a un marco común. La coyuntura económica ha disparado el capítulo de gastos de los consistorios, que se ven obligados a conseguir más ingresos. La situación actual de la economía —a escala global, europea y nacional— ha creado la tormenta perfecta que ha favorecido este aumento generalizado de la presión fiscal municipal.

La inflación es una de las causas principales. El aumento globalizado de precios —un 12,7% en los últimos dos años— ha incrementado el precio de algunos de los servicios que requieren los municipios: el resultado, más gasto para los ayuntamientos. A su vez, los precios de los suministros básicos y su subida afectan de pleno también las finanzas municipales: sumamos, pues, otro agujero en costes para los consistorios.

La subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo afecta también a los créditos contraídos por los municipios. El retorno de la deuda, pues, supone un encarecimiento más para los ayuntamientos. Más leña: la subida de las retribuciones de los empleados públicos —más de un 7% en dos años— también representa un incremento del gasto.

Y a toda esta aluvión hay que sumarle la amenaza de una nueva directiva europea sobre la tasa de recogida de residuos. Hasta ahora, los ayuntamientos podían cobrar a los ciudadanos solo una parte del coste de este servicio, y financiar el resto con otros ingresos. Pero la nueva normativa obliga a que, en 2025, los ayuntamientos estén obligados a cobrar a los ciudadanos el 100% del coste de este servicio.

Ello explica las notables subidas de la tasa de recogida de residuos en buena parte de los municipios. Es más que previsible, pues, que esta tasa se incrementa de forma aún más contundente dentro de un año, cuando deba cumplirse esta nueva regla europea.

A todo ello, debemos sumarle un factor que no se debe pasar por alto. Las elecciones municipales se celebraron el pasado mes de mayo, de modo que estas son las primeras ordenanzas fiscales del mandato. El momento, pues, es el idóneo para aumentar la recaudación vía impuestos sin que ello tenga consecuencias a nivel de desgaste electoral a corto plazo.

Por delante quedan tres años donde los gobiernos locales podrán esforzarse a reducir ligeramente impuestos y tasas. Las rebajas de tributos a final de mandato son un clásico, a fin y efecto de dejar un buen sabor de boca de cara a las elecciones. Son, al fin y al cabo, un maquillaje perfecto para los incrementos notables de impuestos si se mira el global del mandato.

En definitiva, la subida de impuestos municipales obligará a la ciudadanía a estrecharse aún más el cinturón en 2024. Una situación que podría verse agravada aún más en el siguiente ejercicio, si no se produce una mejora sustancial de la coyuntura económica. La presión fiscal sobre las familias, pues, amenaza cada vez más el margen de sostenibilidad de sus pequeñas economías.