Ofensiva de Vox contra los empadronamientos irregulares

Empadronamiento e inmigración van de la mano. Se trata de una polémica recurrente y que siempre tiene a los ayuntamientos como protagonistas. En ocasiones, se les critica por ser o escrupulosos en el cumplimiento de la ley o, por el contrario, demasiado laxos, cometiendo fraude incluso.

Dada la presión migratoria que sufre España, esta es una polémica a la orden del día. Sobre todo en Cataluña, que presenta unos niveles de población extranjera muy elevados.

Esto explica que, de alguna manera u otra manera, todos los asuntos sociopolíticos en Cataluña estén afectados por la inmigración. Desde la sanidad hasta la educación y pasando la saturación de los juzgados o de las carreteras. Nada se libra de la demografía.

Fraude en Nou Barris

En el caso de los empadronamientos en localidades catalanas, las últimas polémicas han tenido la misma forma.

Bien sea porque lo denuncia un grupo político o incluso el propio ayuntamiento, lo cierto es que se acaban descubriendo dinámicas fraudulentas. La más común es el empadronamiento de un número inverosímil de personas en una misma vivienda. En ocasiones, no hace falta ni que sea una vivienda.

El Ayuntamiento de Barcelona (PSC), por ejemplo, avisó a las ONG’s hace unos meses de que no podían utilizar sus sedes (que no son viviendas) para empadronar inmigrantes. Esta actitud del Ayuntamiento, en apariencia legalista, contrasta con las últimas informaciones que conocimos sobre los empadronamientos en Barcelona.

Según destapó Vox - después se hizo viral -, el Ayuntamiento admitió que había empadronado a cerca de 6.000 personas en un inmueble público del distrito de Nou Barris. Esta información desató la incredulidad y la indignación de muchos, empezando por Vox, que anunció que iba a investigar si esta era una práctica habitual.

Casi 500 empadronados en un edificio de Sant Cugat

Si no habitual, por lo que parece sí que es una práctica extendida.

Según ha vuelto a explicar Vox, el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés tiene empadronadas a 493 en la sede de los servicios sociales del ayuntamiento.

Desde Vox denuncian que estos empadronamientos tienen un efecto posterior en el colapso y tensión de los servicios sociales. Porque, como es sabido, el empadronamiento es condición necesaria para optar después de los diferentes servicios públicos.

Desde el partido aseguran que el Ayuntamiento no quieren informar de las nacionalidades. En cualquier caso, dicen tener claro que muchos de ellos son extranjeros en situación irregular. Así mismo, desde Vox critican que está fórmula para dar salida a los irregulares se intente amparar en la legalidad.

Entre otros motivos, el empadronamiento exige una vinculación efectiva con el municipio o que un funcionario municipal se desplace hasta la vivienda en cuestión para garantizar la legalidad de todo el proceso.

Por todo ello, desde Vox insisten en su lucha contra los empadronamientos fraudulentos. Así mismo, piden el endurecimiento de los requisitos y lo argumentan en la necesidad de detener el efecto llamada.