Nuevo revés judicial a un procesismo en horas bajas
El Tribunal Constitucional declara nula la admisión a trámite de la ILP sobre la independencia en el Parlament
El Tribunal Constitucional ha declarado nula e inconstitucional la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de declaración de independencia en el Parlament. La proposición de ley, impulsada por entidades soberanistas para forzar al Parlament a declarar unilateralmente la independencia, fue aceptada el pasado mes de febrero por la Mesa que presidía Anna Erra. El Tribunal Constitucional la suspendió de forma cautelar, y ahora resuelve su inconstitucionalidad desbaratando así los planes independentistas.
De hecho, la ILP no levantó demasiadas pasiones entre un procesismo dividido que esta vez ni siquiera ha hecho aspavientos con la decisión de los tribunales. De hecho, la proposición fue admitida con el voto favorable de Junts y la CUP, pero ERC se abstuvo. Además, en aquel momento el independentismo aún tenía la mayoría de la cámara para levantar la DUI si quería, con lo cual esta iniciativa era contemplada más como un estorbo que como una oportunidad.
La decisión que acaba de tomar el Tribunal Constitucional habría generado una oleada de críticas y lamentos por parte del independentismo hace unos años. Pero ahora el procesismo no tiene ni la unidad ni la fuerza para gastar energías en batallas judiciales y mediáticas que no tienen recorrido. Todo esto demuestra que el procesismo está en horas bajas, y que el desafío a la legalidad ya solo sirve para la propaganda del independentismo radical cada vez más residual.
Un problema menos para Junts y ERC
Ni Carles Puigdemont ni los principales líderes procesistas se han hecho eco de la decisión del TC, que ha pasado más bien desapercibida. Tampoco el presidente del Parlament, Josep Rull, que tenía la patata caliente encima de la mesa y que ahora se encuentra con un problema menos. Más allá de los discursos y las soflamas, Junts y ERC demuestran estar ahora en otras cosas como el juego político en Madrid y en Cataluña y su rivalidad por hegemonizar el independentismo.
El procesismo ha vuelto a reactivarse estos días con dos hojas de ruta, una del Pacto Nacional por el Estado Propio apadrinado por Carles Puigdemont y Carme Forcadell, y otra de la ANC. Las dos apuestan por la desobediencia civil como forma de confrontación al Estado. Sin embargo, los partidos procesistas están sosteniendo los gobiernos socialistas que tanto en Madrid como en Cataluña llevan adelanta una "pacificación" de Cataluña para superar el procés y resolver el conflicto catalán.
Solo algunos terminales mediáticos afines a Puigdemont siguen manteniendo cierto interés en batallas perdidas como la de la ILP, y solo para sostener su relato. El independentismo ha perdido la confianza en los paritdos, cada vez más en retroceso, y la fuerza en las calles, con una manifiesta incapacidad de movilización. Las hojas de ruta del entorno procesista parecen más una declaración de buenas intenciones que la voluntad real de reactivar un proceso que ha quedado solo para recordar fechas simbólicas.
Los partidos procesistas tienen otros problemas
Josep Rull no ha dicho nada de la ILP pero sí ha criticado públicamente al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por no reunirse con Puigdemont. Lo cual confirma que ahora mismo Junts no tiene más proyecto que el de la resolución de la situación personal de Carles Puigdemont. ERC está pendiente de resolver su propia crisis interna, con una guerra entre sectores que debe resolverse en el congreso de finales de este mes. Y la CUP sigue tratando de recomponerse para no desaparecer del todo de las principales instituciones.
La nueva hoja de ruta de los partidos procesistas no pasa por la declaración unilateral de independencia sino por recuperar presencia institucional con la promesa de un nuevo referéndum a largo plazo. El independentismo radical apuesta en cambio por la desobediencia civil impulsada desde el Parlament para provocar un nuevo polvorín que justifique la DUI. Mientras el independentismo sigue dividido y a la baja, la legalidad sigue operando para frenar iniciativas inconstitucionales como la ILP.
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