Menos pisos y más caros: los efectos en Cataluña de la ley que regula el alquiler

Ayer, el Idealista traía los datos sobre el primer impacto del control del alquiler en Cataluña. Unos datos que, para muchos, más que una profecía, eran una evidencia. Las advertencias se acumularon desde el sector inmobiliario, grupos políticos y centros académicos. Todos coincidían en lo mismo: es un problema de oferta y demanda.

Es más, al tratarse de un problema de oferta y no de que alguien tenga poder de mercado para adulterar los precios, unas de las predicciones era que se reduciría la oferta. La razón ya ha sido suficientemente explicada. El propietario que no ve seguridad jurídica para alquilar, saca su piso del mercado y, por ende, se reduce la oferta.

No solo eso: según ESADE, el precedente de la ley catalana de alquileres de 2021 muestra que la regulación de los precios beneficia a los más ricos. Los más pobres, en cambio, sufren todavía más el aumento de los precios. Y es que, al reducirse la oferta, las viviendas de peor calidad tiendan a pegarse al techo de precio establecido por la ley.

Resultado avisado

Ayer, el Idealista empezaba a cuantificar esta advertencia. Solo en un mes, en tres de las cuatro capitales catalanas la oferta de alquiler ha bajado en cifras de dos dígitos. Los resultados son: Lérida un 9%, Barcelona un 14%, Tarragona un 16% y Gerona un 21%. Por provincias, Barcelona tiene el dudoso honor de ser la provincia que lo tiene más complicado con una reducción del 14%.

Por el momento, esta notable reducción de la oferta no ha tenido su traducción en el precio. El mercado del alquiler sigue su rumbo ascendente y los precios, por ejemplo, suben un 4,6% en Barcelona en el alquiler permanente. El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, ha señalado que “estos datos ponen de manifiesto que el unánime consenso de los expertos no era erróneo ni malintencionado”.

Así mismo, ha insistido en el núcleo del problema. “Es innegable que el origen del problema del alquiler en España está en la poquísima oferta disponible, por lo que se hace imprescindible un cambio de rumbo que reequilibre las relaciones entre inquilinos y propietarios, que asuma que los propietarios no son el problema sino la solución al aumento de la oferta y el ajuste de los precios”.

La Generalitat casi duplica las zonas tensionadas

Ayer también sabíamos que la Generalitat ha añadido 131 municipios a la lista de zonas tensionadas. Se trata de una competencia que la ley nacional otorga a las comunidades autónomas. Se suman así 131 municipios a los 140 que ya había, cubriendo el 90% de la población catalana.

Este anuncio de la consejera Capella parece tener un aroma electoral dada la inminencia de las elecciones. Y es que, además de los resultados ya advertidos de la ley, sorprende que la ampliación de municipios sea tan alta.

Teniendo en cuenta que han añadido 131 municipios a 140, de facto es como si hubieran aplicado la ley dos veces o hubieran calculado con un error de casi el 50% al principio. La consejera de Territorio ha justificado esta ampliación diciendo que se debe a los cambios del mercado durante los últimos meses, pero la ley solo lleva un mes en vigor.