Las ONG, los cómplices necesarios para proteger a los delincuentes

La filia de las ONG con los delincuentes es algo digno de estudio. Lo hemos visto recientemente, por ejemplo, en Madagascar. En este país africano, el gobierno ha impulsado una ley para castrar químicamente a los violadores de menores. No tardaron en salir organizaciones como Amnistía Internacional a poner el grito en el cielo porque esta medida, aseguraban, “constituye un trato cruel, inhumano y degradante” a la gente que se dedica a violar niñas. 

Otro ejemplo, mucho más evidente, es la ofensiva de varias ONG contra Nayib Bukele por su política contra las bandas callejeras. Una política, avalada por casi el 90% de la población, que ha permitido convertir El Salvador en un país extremadamente más seguro de lo que era hace unos años. Sin embargo, estas ONG hacen ahora más ruido por los remedios aplicados por Bukele que el que hacían cuando el país era el paraíso del crimen mundial.

Este fenómeno, el de las ONG más pendientes de defender los derechos de los malhechores que los de las víctimas, también tiene su versión en Cataluña. En este caso, ha sido la organización SOS Racismo la que ha cargado duramente contra los Mossos d’Esquadra y el trabajo que hacen para intentar frenar el auge de la delincuencia que sufre la ciudad de Manresa. Un trabajo que tachan de “racista”. Ponen en el punto de mira las batidas policiales que hacen para localizar a presuntos delincuentes.

En un comunicado, SOS Racismo exige (sí, exige) que “cesen inmediatamente todas las batidas” policiales (sí, todas) que se están haciendo en esta localidad porque “atentan contra la dignidad de las personas” y “dinamitan la cohesión social”. Denuncian que los cuerpos de policía hacen estas batidas para “identificar e intervenir jóvenes y menores de edad de apariencia magrebí”.

Critican, además, que estos dispositivos policiales no responden a una “lógica de protección, sino a una lógica punitiva”. De hecho, el antipunitivismo es un pensamiento que cada vez defienden más estas organizaciones y también los partidos de izquierdas, que apuestan ahora por políticas amables para luchar contra una delincuencia cada vez más presente en Cataluña.

Los Mossos también se han pronunciado sobre esta polémica creada por SOS Racismo, asegurando que no se están haciendo batidas contra ningún colectivo concreto. Y reivindican que los dispositivos que se ejecutan tienen como objetivo luchar sobre todo contra la reincidencia y que son los habituales en una ciudad de 80.000 habitantes.

En el comunicado de SOS Racismo, que más de la mitad de su presupuesto procede de ayudas y subvenciones públicas (164.000 euros en 2022 y más de 700.000 en los últimos cuatro años), también critican que se relacione la inmigración con la delincuencia. Y aseguran que los datos no vinculan los dos factores, aunque obvian que, por ejemplo, que 8 de cada 10 detenidos en Barcelona son extranjeros, que en las cárceles catalanas hay más inmigrantes que autóctonos o que, entre los reclusos menores de 30 años, casi el 70% son nacidos fuera de España.

Es la tendencia de parte de ciertos sectores que vivimos en nuestros días. Mientras piden políticas blandas para los delincuentes, se dedican a señalar y criticar de manera inflexible a los que luchan para frenar la criminalidad. Eso sí, también hay sectores que no dudan en alzar la voz contra aquellos que, en nombre de los derechos humanos, lo que hacen es poner palos a las ruedas a la lucha contra la delincuencia, convirtiéndose así en cómplices necesarios para los malhechores.