El Gobierno no quiere que sepas que casi la mitad de tus ingresos se la quedan ellos

En alguna ocasión, ya nos hemos referido al Instituto Juan de Mariana. Se trata de un centro de estudios económicos con una clara orientación liberal y crítica con el Estado. En E-Notícies nos hemos hecho eco de algunos de sus informes más controvertidos. Por ejemplo, el que señala que España tiene un problema con la deuda o el que explica que el mercado laboral español tiene sus claroscuros.

Pero, sin duda, su trabajo que ha levantado más polémica es lo que ellos mismos han bautizado como “Impuestómetro”. Y es que, por su orientación liberal, el Instituto Juan de Mariana quiere que el ciudadano sea consciente de los impuestos que le paga al Estado. La conclusión - que armó un enorme revuelo en las redes y en los medios - fue que un trabajador dedica de alguna u otra manera casi un 50% de sus ingresos a impuestos.

Poco después de esto, el líder de la patronal, Antonio Garamendi, pinchó y también dio en el hueso. Verbalizó la que es una de las demandas más comunes entre los economistas liberales: que el trabajador reciba íntegra su nómina y que sea él quien haga los ingresos a la Seguridad Social y a Hacienda (cotizaciones e IRPF, respectivamente). “Es la forma en la que se vería realmente cuánto es el coste real de los salarios en España”, dijo Garamendi.

La propuesta de la polémica

Como ha explicado el economista Juan Ramón Rallo - habitual del Instituto Juan de Mariana -, el informe analiza el total de los impuestos y no únicamente el IRPF, cuya base imponible sí que son los ingresos. Es decir, que se han centrado en analizar los impuestos que el Estado exige jurídicamente. Así, sobre unos ingresos medios de 25.500 euros anuales, el Instituto concluye que el 45,5% acaba de alguna u otra manera en el Estado.

De todos estos pagos al Estado, Garamendi puso el foco sobre las cotizaciones sociales. Nuevamente, la polémica vino por la naturaleza del impuesto. En teoría, es un gasto que da derecho a una contraprestación futura. Pero también es cierto que la Seguridad Social paga en función de lo que tiene en el momento y que no contrae ninguna obligación económica inamovible. A pesar del nombre, la ‘Seguridad’ Social no funciona como un seguro.

Pues bien, ante esta situación, los sectores progresistas han salido en tromba a criticar tanto el informe como la propuesta de la patronal. Han hablado de que rompería la solidaridad fiscal o de que los trabajadores ya pueden consultar su nómina si quieren. Enric Juliana, por ejemplo, llegó a decir que esta propuesta tiene como objetivo organizar una “insurrección fiscal”.

Y al Gobierno tampoco le ha hecho mucha gracia la propuesta. Yolanda Díaz dijo que era “profundamente incorrecta” y Escrivá dijo que el Estado no tiene que “innovar” sobre este asunto. “España no tiene un nivel elevado de cotizaciones sociales ni de costes laborales”, concluyó el ministro.