Europa Press El escándalo de Derechos Sociales o cómo se hace negocio con la miseria en Cataluña
Los escándalos del conocido como 'tercer sector' son otra de las caras de la Cataluña postprocesista
El escándalo de la DGAIA - el mayor escándalo de la Cataluña reciente - ha sido el prólogo del escándalo del Departamento de Derechos Sociales. Ayer era noticia que Derechos Sociales ha repartido de manera irregular unos 167 millones de euros en ayudas. Así lo constata un duro informe de la Sindicatura de Cuentas, que ha extendido las malas prácticas de la DGAIA a todo el Departamento.
El análisis del informe abarca desde 2016 hasta 2024, es decir, Puigdemont, Torra y Aragonès: el procesismo en estado puro. Como señala la Sindicatura, el funcionamiento de estas irregularidades sería más bien un no-funcionamiento. Es decir, ausencia de controles, falta de seguimiento, pagos indebidos y, en definitiva, una porosidad por la cual han circulado casi 200 millones.
De esta manera, la situación de la asistencia social en Cataluña trasciende la mera corrupción de algunas manzanas podridas. Por el contrario, muestra que estamos ante una estructura perfectamente insertada en el entramado político e institucional. La industria de los famosos ‘chiringuitos’ ya deja de ser una cuestión cómica para pasar a ser una cuestión económica.
ERC y Junts en el centro de la polémica | Europa Press
Falta de controles, caras conocidas y dinero a discreción: el funcionamiento de una industria
En esencia, ¿qué es lo que desveló la Sindicatura (y Octuvre) sobre la DGAIA?. Pues una clamorosa falta de controles, supervisión y seguimiento. Este es el núcleo del problema. Y es a partir de aquí cuando hacen acto de presencia los colaboradores (y beneficiarios directos) de esta situación: las entidades sin ánimo de lucro.
Hablamos de toda esa constelación de fundaciones, observatorios, ONGs y entidades sociales que capitalizan asuntos que siempre tienen un marcado carácter progresista. Desde el pacifismo hasta el ecologismo y pasando por la integración. El poder público (la Generalitat) pone el dinero y estas entidades se encargan de ofrecer el servicio.
En el caso de la DGAIA, esto era de una evidencia dolorosa. Un cúmulo de entidades bajo el paraguas de la entidad nodriza, Plataforma Educativa, recibía ingentes cantidades de dinero público para la atención de ‘menas’. Ahora bien, la falta de controles y seguimiento conducía a que, ‘de facto’, estas entidades desarrollaran una industria propia. Basta decir que estas fundaciones llegaron a amasar un imperio inmobiliario de 500 pisos.
La atención a los inmigrantes es un negocio | ACN
Como es natural, esta circulación de dinero genera un eficaz sistema de amiguismos y puertas giratorias. Como se ha explicado en E-Notícies, los altos cargos de fundaciones y Derechos Sociales son intercambiables a todos los efectos. Al margen, claro, de la uniformidad ideológica que imponía este entramado, que se escuda en la moralidad de su acción para eludir críticas y análisis.
No es solo la DGAIA
En el caso general del escándalo de Derechos Sociales, todo lo anterior alcanza dimensiones todavía mayores. El informe de la Sindicatura dibuja con exactitud una negligencia estructural en la asignación de ayudas sociales. Esto es lo que explica que el Govern haya tenido que reclamar alrededor de 156 millones de ayudas que se adjudicaron sin control. Por lo pronto, de esa cantidad hay 7,1 millones irrecuperables porque han prescrito.
Esta falta de control se traduce en cuestiones que, además de ser económicas, son muy delicadas. El caso más preocupante es el de abusos a menores tuteladas por la DGAIA. Es decir, que estamos ante un sistema que a pesar de contar con una financiación millonaria no fue capaz de percibir y controlar delitos sexuales.
El presidente Illa hace equilibrios | Agencia
Por no hablar de la otra evidencia: que este mal funcionamiento lleva a que muchas personas que de verdad necesitan ayuda no la reciban. Según decía la Sindicatura en 2024, solo el 25,3% de los niños en situación de pobreza severa recibieron la renta garantizada. Esta es otra de las causas de que la pobreza real (medida per cápita) haya aumentado en Cataluña.
En definitiva, el colapso de negocio de la miseria es otra de las expresiones de la Cataluña postprocesista. El Govern Illa intenta ajustar la situación con equilibrios que no dejen en mal lugar a ERC, socio de Govern y pieza clave del entramado. La pregunta es si habrá depuración de responsabilidades y controles eficaces en el futuro.
Finalmente, cabe destacar la curiosa actuación de los medios de comunicación subvencionados en este asunto. Y es que las grandes cabeceras de Cataluña han tenido casi diez años para hacer periodismo de investigación y disparar esta crisis. Sin embargo, han sido entes externos y medios de comunicación libres los que han destapado la crisis.
Más noticias: