Los gobiernos de Junts y ERC dieron 167 millones de euros en ayudas de forma irregular

Más problemas para ERC y Junts. En medio de los escándalos de corrupción que salpican a la Consejería de Derechos Sociales durante sus gobiernos, la Sindicatura de Cuentas acaba de publicar un nuevo informe. El órgano fiscalizador dependiente del Parlament ha ampliado el informe de la DGAIA, y vuelve a revelar preocupantes irregularidades.

Según el informe de la Sindicatura de Cuentas, el Departamento de Derechos Sociales reconoce el pago indebido de 167,5 millones de euros en prestaciones sociales. Los pagos se extendieron desde 2016 y 2024. Abarca por lo tanto los gobiernos de Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès.

Desde enero de 2016 la Consejería de Derechos Sociales estuvo controlada por ERC, que es quien sale más salpicado. El caso evidencia también el fracaso de la gestión del procesismo, y deja muy tocada la imagen de ERC y de Junts.

Qué dice el nuevo informe

La Sindicatura ha ampliado el informe publicado en marzo de 2024 sobre las irregularidades en la contratación de los servicios de acogida de menores. Este nuevo informe se centra en las irregularidades en la concesión de ayudas sociales a colectivos vulnerables:

• Se ha identificado un volumen significativo de pagos indebidos en el período 2016-2024. La Sindicatura estima que los pagos indebidos ascienden a 167,56 millones de euros, de los cuales 155,97 millones están en proceso de reclamación .
• Los pagos indebidos se deben principalmente a falta de control y supervisión en la gestión de las prestaciones. La falta de comprobación de requisitos para conceder las ayudas y la ausencia de un sistema de control riguroso provocaron este desajuste.
• Una parte significativa de estos pagos indebidos ha prescrito, especialmente aquellos que datan de entre 2017 y 2020 . Esta situación refleja una falta de seguimiento y gestión eficiente en la recuperación de los fondos.
• La existencia de estos pagos indebidos compromete la eficiencia y la economía de la gestión pública. Además, algunos pagos indebidos son el resultado de incompatibilidades entre prestaciones, lo que agrava la situación.
• Se recomienda una mejora en los mecanismos de control y seguimiento, para evitar la concesión de prestaciones a beneficiarios que no cumplen con los requisitos. La implementación de un sistema de verificación automatizada de datos y la integración de bases de datos son esenciales para mejorar la precisión y eficiencia del proceso .

El informe destaca también un riesgo de conflicto de intereses en la gestión de algunas prestaciones externalizadas a entidades sin ánimo de lucro. Estas entidades, como fundaciones, asociaciones y cooperativas privadas, son responsables de la gestión y supervisión de diversas prestaciones, incluyendo las destinadas a jóvenes extutelados .

La Sindicatura ha observado que no se ha implementado un sistema de supervisión y auditoría adecuado. Esto puede afectar la imparcialidad y la transparencia en la asignación de los recursos y en la toma de decisiones respecto a los beneficiarios de las ayudas.

Las entidades sin ánimo de lucro reciben financiación pública por parte del DDS y otros departamentos de la Generalitat, así como de entidades locales. Sin embargo, no se ha establecido un marco adecuado de responsabilidad y control interno en estas organizaciones, lo que podría comprometer la correcta utilización de los fondos públicos.

La falta de un marco de regularidad y transparencia en la gestión de las entidades colaboradoras sin ánimo de lucro ha generado dudas sobre la correcta administración de los recursos públicos. Las auditorías internas son insuficientes y no garantizan que los fondos sean gestionados adecuadamente. Lo que podría llevar a una mala utilización de los recursos asignados para ayudar a los más vulnerables.

Las ayudas no llegaron a quienes las necesitaban

La Sindicatura de Cuentas no solo señala el pago indebido de ayudas, sino que constata que no llegaron a las personas que realmente lo necesitaban. No hubo transparencia ni mecanismos de control eficaces.

Entre las ayudas ofrecidas de forma irregular destacan los 70,6 millones en dependencia, 43 en pensiones no contributivas, 36 de renta garantizada y 14 en complementos de pensiones no contributivas.

En definitiva, según el informe las ayudas no llegaron a quienes las necesitaban y además se otorgaron por procedimientos irregulares y poco transparentes. El informe advierte además que la cantidad de pagos indebidos podría superar incluso los 167 millones. Aún faltan por analizar, por ejemplo, 32.000 expedientes de la renta garantizada.