Alcaldes de Cataluña alzan su voz contra la impunidad de los delincuentes reincidentes

“Todos los políticos son iguales”. Esta es una sentencia recurrente entre parte de la población, pero que tiene sus lagunas. Es evidente que no son todos iguales. Y, en el aspecto que se nota más, es en el ámbito de actuación que tiene cada uno de ellos.

Mientras muchos políticos en los Parlamentos, con sueldos y dietas que algunos de ellos ni olerían en la empresa privada, viven alejados de la realidad más cruda de los ciudadanos, los alcaldes son los que palpan de cerca los problemas de su gente. Y uno de esos problemas, es la inseguridad  que, actualmente, está desbocada en Cataluña. Preocupa especialmente el auge de los delincuentes multirreincidentes. Unos malhechores que aprovechan la falta de recursos de la justicia y las actuales leyes blandas para hacer de la delincuencia su estilo de vida.

Ante esta situación, cada vez son más los alcaldes que han dado un paso al frente para denunciar la preocupación creciente entre sus vecinos. Con un margen de maniobra limitado, estos alcaldes piden medidas y herramientas para intentar solucionar este problema. Unas exigencias que van dirigidas a sus respectivos compañeros de partido que están en los parlamentos (ya sea el catalán o en el Congreso) y que son los que pueden legislar o impulsar políticas al respecto.

Alcaldes hartos de la impunidad de la que gozan los multirreincidentes

Solo en los últimos días hemos visto a varios alcaldes estallar ante la impunidad. Desde representantes de Junts hasta el PSC, pasando por el PP. El hartazgo de la carta blanca que tienen aquellos que hacen de los delitos su estilo de vida traspasa fronteras ideológicas.

En los últimos meses, uno de los más activos al respecto ha sido Xavier García Albiol. El alcalde de Badalona no se muerde la lengua a la hora de denunciar los múltiples casos de reincidentes que van empalmando antecedentes en su ciudad. 

Hace apenas unos días, el dirigente del PP explicaba el caso de un marroquí que había sido detenido en 57 ocasiones y que seguía en la calle. “¿Tiene que matar a alguien para ser expulsado a Marruecos?”, preguntaba directamente al Gobierno de España. Y es que Albiol es de los que apuesta abiertamente por la deportación de los inmigrantes que delinquen. Un tema intocable hasta hace poco, pero que muchos alcaldes han decidido romper el tabú.

Otro que ayudó a romper este tabú fue el alcalde de Calella, Marc Buch. Hace unos meses, el político de Junts (un partido que intenta no mojarse en este tipo de cuestiones controvertidas) se posicionaba claramente a favor de expulsar “a aquellos que hacen de la delincuencia su modo de vida”. Esto le provocó una lluvia de críticas por parte de sectores de izquierdas. Pero a él le dio igual: estalló porque está harto de que sus vecinos tengan que convivir con delincuentes que acumulan más de 250 detenciones.

También de Junts es el alcalde de Tossa de Mar. Este pequeño municipio de 6.000 habitantes ha sido noticia esta semana por la llegada de 200 inmigrantes ilegales. Se alojarán en un hotel de esta población en plena temporada turística y quien gestionará esta acogida será una ONG que ha recibido una ingente cantidad de dinero público. 

Pero es que, además, Martí Pujals tiene que lidiar también con la multirreincidencia. En una entrevista, por ejemplo, explicó el caso de un delincuente que frecuenta el pueblo y que acumula 85 detenciones. Hay otro caso de uno que acumula más de 60.

Fèlix Larrosa, alcalde del PSC en Lérida, también comentaba esta semana el caso de un multirreincidente que había sido detenido 43 veces. Y también se preguntaba cómo es posible que “continúe en libertad”. El Ayuntamiento socialista de Barcelona también denunciaba recientemente que cinco delincuentes de la capital catalana sumaban un total de 228 antecedentes. 

El alcalde de Junts de Figueres, Jordi Masquef, o la alcaldesa de Ripoll de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, también forman parte de la ya larga lista de alcaldes que han dicho basta y exigen medidas contundentes contra este tipo de delincuentes. Todos ellos son los que intentan poner las pilas a los políticos parlamentarios, que tienen el deber de buscar soluciones a este problema creciente en Cataluña, ya sea dotando de más recursos a la justicia o endureciendo leyes para que termine la impunidad de la que gozan. Un endurecimiento que también pasaría, aunque le pese a la izquierda, por la expulsión de los extranjeros que viven de delinquir.