La letra pequeña del acuerdo con el PSOE que Junts esconde a los suyos

Junts ha vendido como un éxito la eliminación de un artículo que, según ellos, ponía en riesgo la amnistía. Pero lo cierto es que los procesos que estaban en marcha contra la amnistía continuarán tal y como estaban antes. Con este logro, Junts consigue más bien marcar perfil y alguna cesión del PSOE.

El camino de la amnistía es el mismo

El caso es que a Junts le daba miedo que el famoso artículo 43 bis pudiera paralizar la amnistía. Fueron los únicos que se agarraron a eso - ERC no lo hizo - para amenazar con tumbar los decretos. Al final, el ministro Bolaños transigió y es probable que lo hiciera por estrategia negociadora: con o sin artículo 43 bis, el camino judicial de la amnistía es el mismo.

La creación de este artículo responde a criterios de eficiencia y permite que un tribunal español consulte a Europa si tal o cual medida se ajusta al derecho europeo. Pero ocurre que mientras la justicia europea resuelve la medida esta queda temporalmente suspendida. Eso, aplicado a la amnistía, es lo que le preocupaba a Puigdemont y lo que ha conseguido eliminar y vender como un triunfo.

Pero hay letra pequeña: la supresión del artículo no servirá para que no se paralice la ley de amnistía. La razón es que la suspensión de un procedimiento no depende del derecho doméstico, sino de las reglas de funcionamiento de la justicia europea. De hecho, los encausados por el procés ya han vivido la paralización de procedimientos porque tribunales españoles lo habían pedido a Europa.

El traspaso de la inmigración: otro tanto

El traspaso de la inmigración a Cataluña fue una de las cesiones del PSOE para que Junts aprobara el decreto ómnibus. Un verdadero triunfo si se tiene en cuenta que la inmigración y la inseguridad serán piezas claves del debate político en Cataluña. La diputada Míriam Nogueras lo comunicaba hoy en RAC1: “las dos partes hemos firmado el acuerdo y sabemos que es efectivo”.

Pero ocurre lo mismo que con el artículo 43 bis: su concreción jurídica es compleja. El Tribunal Constitucional es el que marca los límites de la cesión de competencias. Y en el caso de la inmigración, la Constitución señala que es una competencia exclusiva del Estado.

A menos que esto se haya resuelto avisando a Junts ‘sottovoce’ de que el TC está controlado, el camino judicial es complejo. Para realizar el traspaso, hay que hacer una ley orgánica, lo que abriría la puerta a un recurso de inconstitucionalidad. Es decir, a que el alto tribunal decida si se ajusta a derecho o no.