Un grupo de jueces y fiscales, posan ante periodistas, en su concentración en contra de Ley de Amnistía
OPINIÓN

Jueces en la calle

Las fotos de jueces manifestándose preventivamente contra una ley de amnistía cuyo contenido entonces desconocían y que el legislativo pudiera no aprobar, resultan demoledoras

Cuando algo se tuerce por actuaciones dudosas de la otra parte, cuando se es víctima de una violencia -todo delito conlleva alguna forma de violencia-, la persona afectada acude a los tribunales y, en su caso, los jueces sentenciarán que se la reponga en su derecho, que se la proteja, en definitiva. 

La función que llamamos justicia corresponde al poder judicial, que junto con el legislativo y el ejecutivo conforma los tres poderes del Estado democrático, y la administran funcionarios conocedores del derecho que habrán pasado por rigurosos estudios, exámenes, oposiciones, prácticas y habilitaciones para garantizar su idoneidad.

La justicia es algo que hay tomarse muy en serio, pues es un pilar fundamental de la sociedad organizada, es la seguridad de la última trinchera para el ciudadano. Su eficacia y su credibilidad se basan en la profesionalidad, la imparcialidad y la neutralidad de los agentes del poder judicial. 

Las fotos de jueces, posando con sus togas, exhibiendo ostensiblemente las puñetas, concentrados en la calle ante las sedes judiciales, manifestándose preventivamente contra una ley de amnistía cuyo contenido entonces desconocían y que el legislativo pudiera no aprobar, resultan demoledoras de la imagen de la justicia. 

Un grupo de jueces y fiscales, posan ante periodistas, en su concentración en contra de Ley de Amnistía

¡Nada menos que jueces desconfiando de la función de los jueces! Porque esa es la interpretación de su presencia protestante en la calle. Como jueces saben cómo actuar en derecho frente a una norma que dicen que no les gusta, pero que, si fuera aprobada con todos los requisitos legales, deben aplicar. 

La propuesta de “Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña” -este es el título completo- pudiera estar blindada en el orden jurídico interno -en última instancia compete al Tribunal Constitucional comprobarlo-, pero pueden acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si, aprobada la ley, estimaran que vulnera algún precepto comunitario, por ejemplo, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

Lo menos conveniente para la dignidad de su alta función y la imparcialidad de su ejercicio es exhibirse en la calle coincidiendo con determinadas posiciones ideológicas y políticas. La posición de un juez debe ser de estricta neutralidad y su actuación ajustada a derecho, respetando siempre las normas que reglamentan su cargo. 

La justicia ya renquea bastante por la insuficiencia de personal y de medios materiales, su lentitud es proverbial y exasperante, la justicia, si es lenta, es menos justicia. Solo le faltaba añadir un desliz callejero, 

 Un desliz que no es insólito en nuestros pagos. El 4 de julio de este año, jueces de signo ideológico contrario al de los que se manifiestan contra la ley de amnistía se concentraron ante la sede del Colegio de Abogados de Barcelona, en la calle Mallorca, también togados, en protesta por la conferencia que iba a impartir el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Don Manuel Marchena, sobre una cuestión de carácter técnico: “La Inteligencia artificial en el proceso penal”.  Era evidente el carácter político de la concentración y fáciles de situar los promotores. 

El lugar de los jueces está en el estrado de los tribunales, no en las calles. 

El juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, atiende a diferentes medios de comunicación

Regenerar el prestigio de la justicia es imperativo y urgente. Se tiene que empezar ya por la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Para eludir el bloqueo político del PP, los miembros que llevan cinco años con el mandato caducado - ¡cinco años! - deberían dimitir para forzar la renovación, que debe ser seguida de la provisión de las vacantes del Tribunal Supremo, del que dependen nada menos que los recursos contra sentencias dictadas en toda España. 

Esperar años una sentencia del Supremo resulta insoportable, y las plazas vacantes acrecen la dilación. Los jueces deberían ser los primeros en inquietarse por los problemas y el sufrimiento que en muchos casos causa semejante ineficiencia. 

Y en el marco de la regeneración, ningún juez debería tolerar que se le siga calificando alegremente de conservador o de progresista. El juez tiene que mostrarse y ser percibido como juez y nada más.

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