Vox pide la eliminación de las ZBE: devolución de multas y fin de las subvenciones

En una comparecencia de prensa en el Parlament, esta semana la diputada de Vox, María García Fuster, pedió acabar con las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Según explicó la diputada, la imposición de las ZBE supone “un ataque frontal” al derecho de libre circulación y al “bolsillo de las familias trabajadoras”. En línea con lo que ha dictaminado la justicia en varias zonas de España, desde Vox ponen el acento en las personas - sobre todo, autónomos - que no se pueden costear un vehículo eléctrico.

“Nuestros municipios quedan acotados únicamente a aquellos con el dinero suficiente para comprarse la última pijada, que resulta tan cara como ineficiente”, dijo Fuster en referencia a los coches ecológicos. En consecuencia, los de Ignacio Garriga piden derogar las ordenanzas municipales, así como la devolución de las multas y la eliminación de las subvenciones a los municipios.

Finalmente, la diputada reivindica que su formación ha liderado con éxito la ofensiva judicial contra las ZBE. En este sentido, ha destacado el caso de Madrid, donde una denuncia de Vox llevó al TSJM a tumbar la regulación del alcalde Almeida. “Políticas totalmente clasistas”, ha concluido Fuster en referencia a las ZBE:

El fracaso de las ZBE

Más allá del debate político y partidista, lo que es innegable es que por ahora las ZBE han sido un error absoluto de implantación. Y es que, poco después de su implantación, la justicia ya ha tumbado las ZBE de nada menos que Madrid, Barcelona y toda el área metropolitana de Barcelona.

En todos los casos, la justicia ha señalado la misma razón para justificar su decisión: la desprotección económica de los ciudadanos. Y en más particular la desprotección de autónomos y pequeños empresarios, muy dependientes de su vehículo. El TSJM, por ejemplo, hablaba de tener presente “la situación de los colectivos empresariales de menor capacidad económica para la renovación del vehículo, como son los autónomos, microempresas o pymes”.

Así mismo, los tribunales superiores de justicia de Cataluña y Madrid señalaron que no estaba clara la política restrictiva teniendo en cuenta el alcance de la medida. Es decir, que se prohíbe por decreto la circulación de ciertos vehículos y no hay un plan a medida para dar salida a los afectados. Los jueces hablaron de “manifiestas insuficiencias” en las memorias económicas que acompañaban a las ZBE.

Por ahora, la mayoría de ayuntamientos, incluido el de Barcelona, se niegan a devolver las multas o a dejar caer el proyecto de manera definitiva. Habrá que esperar, pues, a que se resuelvan los recursos de los ayuntamientos para saber cómo quedan finalmente las ZBE.