El último giro en la polémica del empadronamiento retrata a los medios subvencionados

Una consejera del distrito de Nou Barris, en Barcelona, ha admitido haber empadronado a casi 6.000 personas en un edificio de los servicios sociales. La noticia saltó ayer ante la sorpresa y la indignación de muchos. Pese a su relevancia, sobre todo tras la polémica de los empadronamientos en Ripoll, la misma prensa subvencionada que entonces mojó pan ahora silencia el escándalo.

Uno de los medios que más se implicó en el caso de los empadronamientos en Ripoll fue El Periódico de Catalunya. Curiosamente, es uno de los periódicos que más dinero público recibe en subvenciones y publicidad institucional. Este medio destapó supuestas irregularidades del ayuntamiento de Ripoll, gobernado por Aliança Catalana y la alcaldesa Sílvia Orriols, para -según ellos- impedir el acceso de los inmigrantes a los servicios públicos.

La noticia provocó la reacción del Govern de la Generalitat, el Síndic de Greuges, el Gobierno de España e incluso la Comisión Europea. El Periódico siguió sacando noticias y haciendo reportajes con el ánimo de trasladar una idea: “la alcaldesa ultra” de Ripoll retorcía el reglamento para vulnerar los derechos humanos de una parte de la población.

La alcaldesa argumentó dos cosas. Una, que el ayuntamiento no incumplía la legalidad al agotar los tres meses de margen que concede la ley, y dos, que la demora respondía a la necesidad de comprobar exhaustivamente el expediente de los solicitantes. De hecho, días después se conoció que decenas de ayuntamientos llevan años haciendo lo mismo, aunque curiosamente El Periódico, por lo que sea, solo sacó el caso de Ripoll.

Sílvia Orriols tenía razón, pero ahora los medios callan

El escándalo del empadronamiento de Barcelona demuestra que Sílvia Orriols tenía razón. La cuestión no está en los plazos, siempre que se cumpla la ley, sino en el rigor de las administraciones para asegurar que los solicitantes cumplen con los requisitos. De lo contrario, se producen fraudes y excesos que acaban repercutiendo en el funcionamiento de los servicios sociales, y por lo tanto del resto de ciudadanos que sí cumplen con sus obligaciones.

En esta ocasión, los medios públicos y subvencionados que denunciaron a Sílvia Orriols por ajustarse a los marcos de la legalidad, ahora no consideran noticiable que el Ayuntamiento de Barcelona empadrone a la ligera a miles de personas. La noticia, sencillamente, no se ajusta a su relato y de hecho contribuye a desmontarlo. Esta es la razón por la cual la noticia solo ha trascendido en las redes sociales y los medios libres que quedan.

La polémica de los empadronamientos sirve para ver cómo funciona el poder en Cataluña. Un poder que nace de los tentáculos de la Generalitat y se difunde a través de la prensa afín debidamente untada con dinero público. Lo que viene a ser el cártel procesista. Esos medios funcionan como correas de transmisión de las obsesiones del poder, entre las cuales la supuesta extrema derecha y Aliança Catalana ocupan un lugar destacado.

Guerra sucia contra Orriols

En este sentido, no es extraño que la campaña de El Periódico contra Sílvia Orriols saltara en un momento en el que el gobierno de ERC se estaba hundiendo y Aliança Catalana estaba ganando vuelo. Fue el momento en el que los medios catalanes abandonaron el silencio en torno a AC para pasar a la ofensiva. La consigna era hablar de Sílvia Orriols siempre en un sentido negativo e insistiendo en los conceptos "extrema derecha" y "racismo".

Los medios subvencionados fracasaron al intentar ignorar a Aliança Catalana, y luego al estigmatizar a la formación. Su popularidad ha crecido más que nunca el último año pese al cordón mediático, y ha conseguido entrar en el Parlament mientras que los partidos procesistas se han hundido. Una demostración de que los medios convencionales han perdido el control del relato, sobre todo cuando intentan retorcerlo como en el caso del empadronamiento.

Sílvia Orriols, sin voz en los medios, ha utilizado sus redes sociales para dar su sentencia sobre el tema: “Hemos recibido requerimientos de la Generalitat, del Gobierno español, del síndic de greuges y hasta de Europa por haber fiscalizado y controlado el padrón. El ayuntamiento de Barcelona empadrona 5.900 inmigrantes en un piso y no recibe el requerimiento de nadie. ¿De verdad que el problema soy yo?”, ha expresado.