¿Qué harán el PP y Vox para intentar frenar la amnistía?
Las derechas se movilizan por separado y dan inicio al ‘via crucis’ jurídico de la ley
La aprobación de la ley de amnistía abre el segundo tiempo de la legislatura. A partir de ahora, la ley se enfrentará a la carrera de obstáculos judiciales que PP y Vox van a presentar. Aunque no es solo una cuestión de partidos: los fiscales del Tribunal Supremo, por ejemplo, ya han pedido que el delito de malversación no se perdone.
Vox no tiene muchas esperanzas en Europa
Aunque lo vayan a hacer con más o menos esperanza, el protagonismo político y mediático de la oposición a la amnistía será de los partidos. Ayer, por ejemplo, el cabeza de lista por Vox a las europeas, Jorge Buxadé, ya avisó en un acto electoral en Valladolid de que lo más probable es que la Unión Europea no tumbe la ley. En un sentido muy parecido se ha expresado también el secretario general del partido y su líder en Cataluña, Ignacio Garriga.
“Si Puigdemont continúa fugado de la justicia es porque la UE lo ha permitido”, ha declarado antes de recordar que desde Vox no tienen “muchas esperanzas”. Se refiere fundamentalmente a las cuestiones prejudiciales que el TJUE tendrá que resolver a petición de los jueces españoles. A menos de que haya una sorpresa con el delito de malversación, a juicio de Vox todo apunta a que la justicia europea solo retrasará la aplicación de la ley.
Por ello, los de Abascal intentarán detener la amnistía concentrándose en los procedimientos de la justicia española. “Confiamos, no a ciegas, pero confiamos en los jueces españoles, a los que nos encomendamos para que sean la última salvaguarda de la unidad nacional y la justicia”, dijo ayer Jorge Buxadé en un acto electoral en Albacete.
Las comunidades del PP se organizan
Por su parte, el PP también va a movilizar toda la maquinaria judicial para obstaculizar la ley. Después de calificar el día de ayer como el “acta de defunción” del PSOE, los populares ya avisan de que sus comunidades autónomas presentarán recursos de inconstitucionalidad al TC. Algo que, por cierto, anunció Isabel Díaz Ayuso y no Alberto Núñez Feijóo.
En una entrevista con Jiménez Losantos, la presidenta madrileño explicó que su gobierno autonómico ya tiene preparado el recurso de inconstitucionalidad. "Nosotros, como representantes del Estado, no podemos permitir que se rompa", dijo Díaz Ayuso. Así mismo, pide que esta ofensiva desde los gobiernos autonómicos populares sea una “iniciativa política nacional”.
Por el momento, los gobiernos de Madrid, Valencia, Andalucía, Castilla y León, Murcia, Aragón, Baleares y Cantabria ya han anunciado que han puesto a trabajar a sus servicios jurídicos. Es de esperar, pues, que en los próximos días y semanas la dirección nacional del partido coordine esta estrategia conjunta.
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