Primer plano de una persona siendo esposada con esposas de metal.
POLÍTICA

Petición 'urgente' de más juzgados para combatir la multirreincidencia en Cataluña

La falta de órganos prolonga hasta un año los juicios rápidos que deben celebrarse en un máximo de 15 días

Los expertos identifican la multirreincidencia como el principal factor del exponencial auge de la delincuencia en Cataluña. El nuevo gobierno de la Generalitat se ha fijado como prioridad la lucha contra esta lacra que ha creado un espacio para la impunidad de los delincuentes en ciudades como Barcelona. Una labor urgente que implica a la Consejería de Interior, pero también y de una forma muy determinante al Departamento de Justicia que lidera Ramon Espadaler.

Ramón Espadaler en primer plano con gafas

Según publica hoy El Periódico, la jueza decana de Barcelona, Cristina Ferrando, apremia a la creación urgente de al menos seis juzgados penales en la ciudad condal para combatir la multirreincidencia. Aunque este sería solo un punto de partida. En su último informe, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fijaba la necesidad de muchos más juzgados para absorber la carga de trabajo de los llamados juicios rápidos.

La situación es alarmante, ya que la falta de juzgados hace que los juicios rápidos que por ley tendrían que celebrarse en un plazo máximo de 15 días se estén prolongando hasta un año. Por eso la jueza decana establece como prioridad la creación de estos seis juzgados. Cuatro para la celebración de los denominados juicios rápidos, para penas de hasta cinco años de prisión, y dos de ejecutorias para hacer cumplir las sentencias.

Hacen falta por lo menos veinte juzgados más

Los juicios rápidos son aquellos en los que la fase de instrucción no implica una labor compleja y que pueden ser asumidos por los juzgados de guardia. Sin embargo, ahora mismo no hay suficientes juzgados para absorber los casos que se están produciendo atendiendo el aumento de este tipo de delitos en Cataluña. Especialmente en Barcelona, donde el 80% de los delitos son cometidos por delincuentes multirreincidentes.

En realidad, según la última memoria del CGPJ, referida al año pasado, hacen falta veinte nuevos juzgados penales en Barcelona para tratar este tipo de casos. Solo en 2023, los 25 juzgados existentes tuvieron que absorber los 17.321 casos existentes, un 8% más que el año anterior. Los cuatro juzgados de ejecución existentes tuvieron que hacerse cargo de 15.073 sentencias, dejando muchas otras en el aire.

Esto evidencia la falta de órganos judiciales en Cataluña para hacer frente al auge de la delincuencia, especialmente con el problema de la multirreincidencia. Puesto que la creación de veinte juzgados se antoja imposible a corto plazo, la jueza decana establece como prioridad la creación de al menos seis. La nueva cúpula de la Consejería de Justicia ha establecido como prioridad la agilización de estos juicios para reducir la inseguridad latente en ciudades como Barcelona.

Cambios en Interior y la reforma del Código Penal

La creación de más juzgados de guardia para tratar los juicios rápidos es solo una de las medidas necesarias para atajar la multirreincidencia. Otra tiene que ver con el cambio de paradigma en la Consejería de Interior. La nueva consejera, Núria Parlón, ha introducido una nueva forma de trabajar que priorizará la prevención de los delitos y la coordinación entre cuerpos policiales y con el ámbito local.

Policía detiene a una persona

En el caso de la prevención, se ha implementado el plan de intercepción de armas blancas para reducir el auge de los apuñalamientos en Cataluña. Además, la consejera ha prometido más mano dura con fenómenos como el crimen organizado y las okupaciones delincuenciales. En el ámbito local, Interior quiere coordinarse con los ayuntamientos para mejorar la efectividad de la actuación policial en los delitos cometidos en los municipios.

La otra pata del banco está en el Congreso de los Diputados, con la reforma del código penal impulsada por Junts. Una reforma que quiere suprimir el mínimo de 400 euros para que un robo sea considerado grave -algo que hasta ahora jugaba a favor de los multirreincidentes. Y que pretende introducir penas de uno a tres años de cárcel por el robo de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos.

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