Imagen de la fachada del edificio de Caixabank con el cartel del logo de la empresa
POLÍTICA

Inversores internacionales, en alerta tras el pacto entre PSOE y Junts

Maniobras a muy alto nivel

Los inversores internacionales se ponen en guardia ante el pacto entre el PSOE y Junts. La empresa de gestión financiera Kepler Cheuvreux ha alertado a sus socios de posibles injerencias políticas en la banca. Concretamente, en uno de los bancos más representativos de Cataluña: CaixaBank.

Las empresas no volverán, pero se puede presionar

Como informaba e-notícies hace unos días, las empresas que huyeron en 2017 no tienen intención de volver. Pero esto no significa que no se las pueda presionar. En este sentido, la firma Kepler señala que "Resulta cada vez más claro que el sector bancario es un blanco fácil para que el Gobierno español lo explote con fines políticos”.

El caso de Caixabank resulta más vulnerable que otros por dos razones. La primera es que el Estado controla un 17% del banco. La segunda es la posibilidad de que el Ministerio de Economía traspase el control político de la Fundación la Caixa a la Generalitat.

Por esto, y como adelantaba Vozpopuli, la firma Kepler explicaba a sus socios que el gobierno central “podría tener influencia” en el traspaso de sedes. Pero, sea como fuere, para entender la maniobra hay que tener presente la estructura institucional del banco.

El procesismo va a por la Fundación

CaixaBank, como entidad financiera, tiene varios accionistas, muchos de hecho. De entre todos ellos, el que tiene un mayor porcentaje es Criteria, con un 32,24%. Y Criteria es un holding financiero que está bajo control de La Fundación la Caixa.

El caso es que, desde 2013, la ley de cajas quitó a las comunidades autónomas el control sobre las cajas de ahorros. De esta manera, la supervisión política recaía en el Estado a través del Ministerio de Economía. Y es a esto a lo que aspira el procesismo: a la supervisión.

Su objetivo es presionar a Sánchez para que les traspases la supervisión de la Fundación a la Generalitat. Así, durante esta legislatura, podríamos ver un cambio en la ley de 2013 para hacer esto posible. Cosa que ha puesto en alerta al BCE y, por ende, a los inversores internacionales.

Controlar La Fundación: más poder del que parece

Ceder la supervisión política no es una anécdota. La Fundación tiene participaciones estratégicas en empresas de primer orden que se pueden traducir en sillones en consejos de administración. En casos como el de Naturgy - que también se fue en 2017 - La Fundación, a través de Criteria, es el primer accionista.

Además, en todos estos movimientos hay personajes en la sombra que pueden hacer de puente. Jaume Giró, por ejemplo, fue presidente de La Fundación antes de ser - por Junts - el consejero de hacienda del gobierno de Aragonés. Y como señalaban algunas fuentes a Vozpopuli, es muy probable que el ex-consejero esté desempeñando un papel importante.

En fin, los tejemanejes que ha movilizado el pacto de investidura se han dejado oír muy arriba. Cosa que, por el momento, no se ha interpretado de una manera positiva: al revés, se ve como un riesgo. Por ahora, y a la espera de comprobar cómo se resuelve este asunto, los inversores internacionales se ponen en alerta

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