Europa Press El Gobierno aumenta la presión sobre Sílvia Orriols y ella responde con sarcasmo
Gobierno central y medios subvencionados se organizan para disparar contra la alcaldesa de Ripoll
La polémica de los empadronamientos en Ripoll no cesa. Es decir, que la alcaldesa de la localidad, y diputada en el Parlament, Sílvia Orriols, vuelve a estar en el centro de la diana.
El último episodio de esta polémica tuvo que ver con el diario El Periódico, al que Orriols acusó de ser un “panfleto”. En una entrevista a este medio, Orriols dijo que su gobierno no empadronaba a nadie que viviera en un lugar insalubre o sin las condiciones oportunas para ejercer de padrón.
Orriols ya ha tenido un encontronazo con "El Periódico" | E-Noticies
Precisamente estas declaraciones han servido para que, ahora, el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto (PSC), le haya enviado una carta a la alcaldesa, ordenándole la entrega de un informe sobre los empadronamientos en Ripoll.
Así lo ha adelantado la periodista Elisenda Colell, que fue la encargada de hacerle la entrevista a Orriols. Según informa la periodista en una nueva pieza, su medio ha tenido acceso a la carta en cuestión:
Por su parte, la alcaldesa ha calificado este requerimiento de “cartita”.
Así mismo, ha denunciado que el Gobierno español tiene mejores cosas que hacer, como, por ejemplo, ha dicho con sorna, controlar la inmigración irregular. “Y vosotros preocupados por si empadrono o no dentro de las cuevas o bajo un puente...”:
Cuando Carlos Prieto celebraba expulsiones
En un movimiento más bien mediático que político, y después de la filtración de la carta a El Periódico y del sarcástico mensaje de Orriols, el Delegado del Gobierno le ha remitido a la alcaldesa a través de redes sociales la carta de los Derechos Humanos de la ONU.
ONU al margen, hace poco, el Delegado del Gobierno también fue protagonista en una polémica relacionada con la inmigración. En aquella ocasión, en cambio, no tuvo un discurso precisamente “buenista”.
Por el contrario, Prieto informó de que la Policía Nacional - junto a los jueces, los únicos competentes para las deportaciones - había expulsado a 22 “ciudadanos extranjeros multirreincidentes que acumulaban un largo historial por delitos muy graves”.
En este sentido, celebró que hubiera “tolerancia cero con aquellos que no respetan las normas de convivencia”.
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