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Gemma Ubasart descarta dimisiones y decide amenazar a los funcionarios de prisiones
Los trabajadores dan una lección al Govern anunciando una tregua mientras la consejera sigue enrocada en su posición
La crisis de las cárceles catalanas va camino de ser el epitafio del gobierno en funciones de ERC. El conflicto está reproduciendo todos los patrones de las sucesivas crisis a las que se ha enfrentado el Govern, como la sanitaria o la de los agricultores. En esta ocasión, ni las amenazas consiguen enmascarar la debilidad del ejecutivo de Pere Aragonès.
La consejera de Justicia, Gemma Ubasart, ha descartado dimisiones en su departamento y ha optado por amenazar con sanciones a los funcionarios que no vayan a trabajar. Los funcionarios siguen en pie de guerra por el asesinato de una cocinera a manos de un reo en el centro penitenciario de Mas Enric (Tarragona). Los sindicatos piden la dimisión de Ubasart y del secretario de Medidas Penales, Amand Calderó, como condición para empezar a negociar.
Gemma Ubasart ha descartado dimisiones en su departamento | ACN, Europa Press, es.e-noticies.cat
Los trabajadores han dado una lección al Govern anunciando una tregua para facilitar el entendimiento. No habrá movilizaciones y no bloquearán las entradas en los centros al menos hasta el jueves. Mientras, la izquierda sigue criminalizando al colectivo de los funcionarios y elevando a los presos a la categoría de víctimas.
Tensión entre Govern y sindicatos
La situación en las cárceles catalanas es extrema. Justicia reconoce que hay 4.000 internos confinados en sus celdas por la falta de personal que garantice su seguridad. Sin embargo, las negociaciones entre la consejería y los sindicatos aún no ha comenzado porque el departamento de Gemma Ubasart, en lugar de efectuar dimisiones, recurre a las amenazas contra los funcionarios que protestan.
La tensión va en aumento y los sindicatos han plantado dos veces a la consejera en las últimas horas. Ubasart ha recordado a los funcionarios que no hay ninguna convocatoria de huelga y que por lo tanto tienen la obligación de ir a trabajar. “Es una situación grave que pone en riesgo los derechos y la seguridad de los internos y los trabajadores que cumplen con sus obligaciones laborales”, ha afirmado la consejera.
El secretario de Medidas Penales, Amand Calderó, añade que están estudiando sanciones contra los funcionarios que no van a trabajar. Pese a la debilidad del Govern en funciones y la tensión creciente en las cárceles, Justicia se niega a efectuar dimisiones enrocando aún más el conflicto. Una forma de proceder que este gobierno ya demostró anteriormente con las enfermeras y los agricultores, sin ir más lejos.
La izquierda criminaliza a los trabajadores
Junto al enrocamiento de Justicia hay en marcha una campaña de criminalización de los funcionarios de prisiones por parte de la izquierda. Les tildan directamente de extrema derecha y les acusan de suspender los derechos de los presos. El Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos denuncia que hay “miles de personas aisladas ilegalmente y miles de familias afectadas de comunicaciones”.
Especialmente contundente fue Alerta Solidària, el colectivo antirrepresivo de la izquierda independentista. No solo se refirieron al crimen de la trabajadora como “lamentables hechos” sino que pusieron el acento en “los derechos fundamentales de la población reclusa”. Algo inaudito en una izquierda que en este caso prefiere dar rienda suelta a sus obsesiones antipunitivas antes que defender a los trabajadores.
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