El exdirector de la DGAIA Ricard Calvo alega una 'persecución al independentismo'

Esta mañana comparecen en comisión parlamentaria varios responsables de la DGAIA y el Departamento de Acción Social durante el período 2016-2020. Es decir, en los años en los que se produjeron las supuestas irregularidades que denuncia la Sindicatura de Cuentas. 

El primero en comparecer ha sido Ricard Calvo, que fue director general de Atención a la Infancia y la Adolescencia entre enero de 2016 y agosto de 2017. Su figura ha sido muy controvertida, porque llegó a la DGAIA tras haber presidido varias fundaciones que fueron beneficiadas por contratos adjudicados de forma, supuestamente, irregular. 

Ricard Calvo ha negado la mayor, asegurando que la contratación se hizo con sujeción a la ley y priorizando siempre la protección de todos los menores. Ha repetido el argumentario básico de ERC sobre esta cuestión: “En un contexto de aplicación del 155, de persecución del independentismo, y de búsqueda de cualquier argumentación para ir en contra de los responsables políticos de aquel momento, se constata que después de dos años en que la fiscalía busca y rebusca determina que no existe ninguna irregularidad en este sentido”.

Alega persecución política

Calvo ha dicho que recibió el “encargo político” de “impulsar políticas innovadoras” para “mejorar la situación de la infancia y los jóvenes en Cataluña”. Pero ha argumentado que en una “situación de desborde” no disponían de nuevo presupuestos porque estaban prorrogados”. Ha puntualizado también que, cuando llegó al cargo, la DGAIA, tenía un 80% de su actividad externalizada con fundaciones “no lucrativas”.

Una de ellas, Plataforma Educativa, había sido dirigida por el propio Calvo, que acumulaba veinte años de experiencia en el sector. Pero ha negado cualquier conflicto de interés citando el informe de comisión ética de la contratación pública de 2019. Según este informe, “el director general no influyó en los procesos de contratación”.

El propio Calvo ha defendido el proceso de contratación cuestionado en el informe de la Sindicatura de Cuentas. Asegura que antes de su llegada se recortaron muchas plazas residenciales, que provocaron una tensión y sobreocupación del servicio. “Sin presupuesto pero con las mismas necesidades, no se podían hacer nuevas contrataciones”, ha alegado.

Por eso, ha reconocido que “la mayoría de contrataciones en 2016 fueron prórrogas de contratos firmados entre 2008 y 2013”. Pero ha añadido que estas prórrogas estaban amparadas en la disposición segunda del decreto 3/2016 de medidas urgentes en materia de contratación pública. “Lo que describe claramente es que estas prestaciones sociales que provenían de contratos anteriores a la entrada en vigor de la ley de 2016 se podían continuar prestando con las entidades”. 

La oposición carga duramente

Como era de esperar, Calvo ha contado con la protección de ERC. Es más, su portavoz Ester Capella ha afirmado que ERC actualizó y mejoró los sistemas de contratación. Pero la oposición ha cargado duramente contra Calvo y Esquerra.

Junts ha cuestionado los criterios por los cuales se recurrió a la emergencia como método habitual de contratación. También ha criticado que Calvo “avalara” contratos a entidades de las que había formado parte. 

El PP ha negado la persecución política, recordando que el 155 solo duró ocho meses. Además, los populares se han referido al “abuso de la externalización”. Así como a los “trabajadores y profesionales que manifestaron falta de transparencia”.

La crítica más salvaje ha provenido de Vox, que ha acusado a Calvo de utilizar las puertas giratorias para lucrarse. “Usted fue gerente de un grupo de fundaciones (Plataforma Educativa) que gestionan a los menores tutelados y extutelados. Y que fue beneficiado de los muchos contratos millonarios señalados por la sindicatura de cuentas y la oficina antifraude”, ha dicho la portavoz de Vox. 

“Tras esto le nombran director de la DGAIA, entre público responsable de otorgar las subvenciones millonarias a las fundaciones que usted presidió. Fueron 98 millones de euros a dedo a las fundaciones donde usted había estado. Y cuando le pillan dice que es persecución política”, ha añadido, además de hablar de "corrupción institucionalizada".