ERC y Junts apoyan la ILP para dar papeles a 500.000 inmigrantes ilegales
Al final, el PP vota a favor de la regularización, que solo encuentra el voto negativo de Vox
El Congreso ha votado hoy una Iniciativa Legislativa Popular promovida por plataformas de inmigrantes para regularizar alrededor de medio millón de inmigrantes sin papeles. La votación se presentaba especialmente incierta porque el PP no acaba de aclarar el sentido de su voto. Sin decir si votarían a favor o no, Feijóo habló durante las pasadas jornadas de que el PP era “sensible” con la situación de estas personas. Al final, han votado a favor.
Esta situación de indefinición dejaba un panorama en el que el llamado “Gobierno Frankenstein” volvía a hacer acto de presencia. Es decir, una votación de calado que flota en el aire y que depende de los intereses circunstancias de muchos partidos. Concretamente, el voto de Junts, que era determinante.
Ni el propio PSOE tenía claro votar a favor de esta ILP. Pero al final cedió a la presión de los sectores progresistas y anunció que votarían a favor. Los motivos para sus reticencias eran dos. El primero, que en la Unión Europea empiezan a soplar otros vientos, y el segundo, que el Ministerio del Interior no estaba por la labor ante el posible efecto llamada de esta medida.
Junts vota a favor
El diputado de Junts Cervera Pinart ha hecho referencia a las “cuestiones pendientes de Cataluña”. Entre ellas, la delegación integral de las competencias para gestionar la inmigración. Ha reivindicado una “política nacional propia en esta materia” y ha diferenciado entre las “prioridades de España y de Cataluña”.
Su tesis esencial ha sido que, si Cataluña tuviera las competencias de inmigración, estas regularizaciones no serían necesarias. En cualquier caso, ha anunciado que Junts votaría a favor. Aunque ya han avisado de que durante la tramitación de la ILP harán las enmiendas que consideren oportunas.
Por su parte, el diputado de ERC se ha referido a las personas que se verán beneficiadas por esta regularización como “hermanos de clase”. Los republicanos han señalado que esta regularización es una “cuestión de justicia, humanidad y pragmatismo”.
Para acabar, el PP ha señalado que una regularización de este calado solo corresponde al Gobierno y no al Parlamento. Y han acusado al Gobierno de esconder la realidad de los datos de la inmigración irregular. Han seguido, en definitiva, el criterio implícito del Ministerio de Interior sobre los posibles riesgos del efecto llamada. Pero, finalmente, han votado que sí con reticencias para satisfacer las peticiones de Cáritas.
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