La CUP reta a los empresarios catalanes

Después de su colapso electoral por fases, la CUP se propuso ser antisistemas de cara a la galería y sistemáticos por los pasillos del Parlament. Esa fue, en resumen, la conclusión del Procés Garbí, una síntesis de post-wokismo y partitocracia. Esto se traducía en hacer de la CUP un partido más accesible en las negociaciones y en las alianzas con otros partidos, es decir, con el PSC.

A partir de aquí, la CUP solo necesitaba poner en marcha el clásico relato de la izquierda que está fuera del poder. Este relato no es otro que afirmar que, gracias a su presión e insistencia, el gobierno de turno da su brazo a torcer. En Madrid, por ejemplo, se vivió una situación calcada con Podemos y PSOE.

El caso más claro de esto lo hemos visto con el pacto por la vivienda. Como se explicó en E-Notícies, este pacto era simplemente más regulación inmobiliaria, es decir, retirada de la oferta. Ahora bien, la izquierda, sobre todo la izquierda con el agua electoral al cuello, necesita la vivienda para ganar visibilidad y radicalidad discursiva.

A partir de aquí, la CUP está especialmente encantada con participar de las polémicas derivadas de su presión al Govern. En particular, los anticapitalistas están encantados con el duro comunicado que hizo Foment del Treball (Sánchez Llibre) criticando, entre otras cosas, la nueva regulación inmobiliaria. Así mismo, Foment ha ofrecido una ronda de consultas con todos los grupos parlamentarios para tratar esta cuestión.

Y por paradojas de la partitocracia, la CUP ha sido el primer partido en recoger el guante de la patronal. En una entrevista para la SER, la diputada Laure Vega ha recibido con irónica alegría esta proposición. “Tenemos ganas de que Sánchez Llibre ponga día y hora y podamos debatir quién atenta contra la propiedad, porque en este país lo que pasa es que no te puedes comprar un piso”, ha dicho Vega:

Es de esperar, pues, que la CUP aproveche al máximo el espacio de polarización que se está creando en torno a la vivienda. Por el momento, la CUP (y los Comuns) intentan capitalizar el problema de manera indirecta, a través de los sindicatos de vivienda. El objetivo es tan prosaico como ganar visibilidad en la calle y aupar carreras políticas.

La realidad de la vivienda

Más allá de los discursos partidistas, el consenso económico es claro desde hace mucho tiempo: y es que falta oferta para la sobredemanda existente. Esto no es otra cosa que un subproducto del crecimiento demográfico, que se experimenta con mayor claridad en la capital, Barcelona.

Ante esto, la regulación inmobiliaria empeora el problema, porque no facilita la oferta, sino que la atosiga. Esto es lo que explica que asistamos a un doble fenómeno. Por un parte, se retira oferta del mercado, por otra parte, el mercado ofrece algún nuevo tipo de oferta para sortear la regulación. De la vivienda residencial, por ejemplo, pasamos al alquiler temporal, y de ahí, al alquiler de habitaciones.

Y por esto Barcelona tiene el alquiler de habitaciones más caro de España con 661 euros por habitación. Si se mantiene la sobredemanda en un contexto regulado, se llegará a un mercado cada vez más informal, es decir, negro. Y ahí ya no habrá especulación que pueda proporcionar precios, sino arbitrariedad.